El magistrado Baltasar Garzón ha decidido plantar cara a la decisión del juez Luciano Varela de querer sentarle en el banquillo por investigar los crímenes de la guerra civil y la dictadura. Su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda, critica la actuación del togado del Supremo y le propone que llame a declarar a siete prestigiosos juristas internacionales, expertos en derechos humanos, a tres jueces de la Audiencia Nacional y al fiscal jefe de esa sede, Javier Zaragoza.

La defensa tramitó el escrito apenas 24 horas después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidiese un informe a la fiscalía, considerado un paso definitivo para echar de la carrera judicial al magistrado. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció ayer que la institución que dirige se opondrá a la suspensión, ya que no apoya ninguno de los procesos del Supremo contra Garzón.

En el recurso, Martínez Fresneda deja en evidencia las intencionalidades de Varela de seguir persiguiendo a su defendido. En su opinión, para el juez del alto tribunal "todo lo que ha hecho" su cliente "es irregular", porque "cualquier comportamiento posible de Garzón es culpable".

Por ello, sostiene que la decisión del juez del Supremo es "insostenible, infundada e incomprensible". Añade que la resolución "se limita a una sucesión de calificativos peyorativos, a cada cual más injustificado, sobre la conducta" de su cliente. Por este motivo, reprocha a Varela que impute a Garzón un delito de prevaricación por "abrir una causa sobre los crímenes de la guerra civil" y que interprete las motivaciones del juez de la Audiencia Nacional "desde la peor de las diversas interpretaciones posibles".

En un brillante y documentado escrito, desmonta los argumentos del juez del Supremo y deja en evidencia algunos errores cometidos por el instructor en su escrito. Por ejemplo, que no mencione que uno de los querellantes es la Falange. También cuestiona que no tenga en cuenta que Garzón, además de las desapariciones, investigaba el secuestro de menores. Asimismo, le recrimina que haya impedido la personación de las víctimas del franquismo, cuyos datos personales ha cedido a Manos Limpias y la Falange.

Martínez Fresneda propone al juez derivar este proceso a un debate jurídico sobre la vigencia o no de la ley de amnistía de 1977 y sobre los límites de la ley de memoria histórica. Y niega que Garzón iniciara el proceso para hacerse con el control de las exhumaciones de los desaparecidos. También rechaza que los crímenes de ese periodo sean delitos políticos y los califica --al igual que su patrocinado-- de crímenes contra la humanidad y, por tanto, imprescriptibles.

Para aclarar esta discusión, el abogado sugiere a Varela que llame a declarar, entre otros, a la exfiscala jefe del Tribunal Penal Internacional de La Haya Carla Ponte, al juez chileno Juan Guzmán --que en 1999 procesó a Augusto Pinochet-- y al argentino Raúl Zaffaroni --que anuló las leyes de punto y final de ese país--. También le ha pedido que llame a los jueces de la Audiencia Nacional Ramón Sáez, Ricardo de Prada y Clara Bayarri, que apoyaron, en un voto particular, a Garzón. Y al fiscal jefe, Javier Zaragoza, que discrepó de la actuación del magistrado. Con estos testimonios, el letrado quiere que España deje de ser "el único Estado europeo que no osa investigar sus crímenes de guerra".