La Audiencia Nacional satisfizo ayer las expectativas del PP al ordenar a Baltasar Garzón que "agote más allá de lo normal o usual" la investigación del chivatazo al dueño del bar Faisán, que iba ser detenido en el 2006 por pertenecer a la red de extorsión de ETA. El tribunal admite que se llame a nuevos testigos, pero rechaza que se repita la instrucción o que la investigación pase a manos de la Guardia Civil.

El caso Faisán ha movilizado al PP, que ha visto en este proceso un elemento más para desgastar al Gobierno, al sembrar dudas sobre la actuación de la cúpula de Interior. El partido conservador aún no ha logrado su personación en solitario, pero entidades próximas a esta fuerza política, la Asociación Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia, se opusieron al archivo reclamado por la fiscalía y propusieron al juez 34 nuevas pruebas, entre ellas que llamara a declarar, otra vez, al exdirector general de la policía, Víctor García Hidalgo, al exjefe superior de policía del País Vasco y a un inspector.

Ahora han logrado tan solo la citación de tres funcionarios de policía y que Francia remita la documentación de las llamadas que realizó el dueño del Faisán, Joseba Elosúa, a ese país.

ENTREGA FRUSTRADA En la resolución, de la que ha sido ponente el candidato del PP al Constitucional Enrique López, se explica que el objeto de la investigación "es una filtración a miembros de una red de extorsión vinculada a ETA". Y que el chivatazo fue realizado por una persona "no identificada hasta el momento" que advirtió a Elosúa de que se encontraba bajo vigilancia y que podía ser detenido el 4 de mayo del 2006, en pleno proceso de la tregua declarada por la banda el 24 de marzo de ese año.

Un día antes, el dueño del local se había reunido con miembros del aparato de extorsión y con el exdirigente del PNV Gorka Aguirre, quien les había entregado nueve millones de pesetas para que fueran recogidos al día siguiente por José Luis Cao. Esta entrega no se llevó a cabo por la filtración. Y tampoco fueron detenidos Elosúa y las otras personas, arrestadas, sin embargo, un mes más tarde.

Para el tribunal, los hechos pueden ser constitutivos de un delito de revelación de secretos y colaboración con banda armada. Además, la actuación, "de ser realizada" por la policía, "adquiere una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo". Por ello, conminan a Baltasar Garzón a "agotar la investigación hasta los extremos que sean necesarios". Y le exigen "el máximo celo investigador y transparencia" más allá "de lo normal o de lo usual".

La Audiencia aconseja al juez que tenga en cuenta que "el círculo de los posibles autores está dentro de los funcionarios policiales que tenían conocimiento de la operación".