El juez Baltasar Garzón ha retomado el caso Faisán y lo primero que ha hecho ha sido preguntar a Francia si el chivatazo a ETA en mayo del 2006, en plena tregua, frustró la detención del dueño de dicho bar, el etarra Joseba Elosua. En esa operación contra una red de extorsión de la banda participó la justicia francesa, ya que el enlace de la organización terrorista con la trama se hallaba en su territorio. Además, el magistrado ha citado a declarar hoy a tres policías que participaron en el dispositivo.

El juez tomó estas decisiones tan solo un día después de que la Audiencia Nacional le ordenara que investigara el caso "más allá de lo normal y de lo usual" por la gravedad de los hechos.

El tribunal sugirió al magistrado que buscara en otro "círculo" de policías a los posibles autores del soplo, al afirmar que los hasta ahora imputados --el exdirector de la policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior de policía de Euskadi y un inspector-- no tienen relación alguna con lo sucedido. La sala penal también recomendó al juez que pidiera a Francia la documentación sobre la intervención telefónica de que fue objeto el etarra José Antonio Cau, el enlace de ETA con la red de extorsión.

DARDO AL GOBIERNO El PP elevó ayer el tono de sus críticas. El presidente de los conservadores en el País Vasco, Antonio Basagoiti, exigió la dimisión de algún miembro del Gobierno por este proceso que, en su opinión, es "más grave que el GAL".

Mientras, sus correligionarios en el Congreso de los Diputados reclamaron al presidente de la Cámara baja, José Bono, que impida que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, eluda contestar a las preguntas sobre el caso Faisán.

Desde el Ejecutivo, el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, restó importancia a la decisión de la Audiencia Nacional y pidió el máximo respeto para la justicia.