1.- Las fusiones de cajas van lentas

La excesiva exposición al hundido sector inmobiliario, el incremento de la morosidad provocado por la recesión y las malas perspectivas de negocio para los próximos años han abocado a las cajas a reordenar su tamaño y estructura, pensados para tiempos de bonanza.

El problema es que el proceso va lento por el retraso del Gobierno en presentar el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a Bruselas y las trabas de los gobiernos autonómicos. El liderazgo del Banco de España también ha sido puesto en duda en este asunto que, según se planteó, es clave para la recuperación del crédito.

El presidente del Gobierno recordó que hay siete procesos en marcha que afectan al 40% del sector. Pidió a los dirigentes de las cajas y los gobiernos autonómicos que olviden intereses «partidistas» y presten la «máxima diligencia y colaboración» para que el proceso culmine en el primer semestre. «El Gobierno los sigue con atención y hará lo necesario para alcanzar ese objetivo», advirtió. El líder del PP culpó al Ejecutivo de que el proceso vaya lento. «El FROB fue aprobado en junio, estamos en febrero, y no se ha hecho ninguna operación», le acusó.

2.- Reducir la alta tasa de temporalidad

Tras un año y medio de crisis y con una tasa de paro del 18,8%, el clima para alcanzar un acuerdo de reforma laboral ha mejorado en los últimos meses. José Luis Rodríguez Zapatero defendió ayer sus propuestas para acabar con la elevada tasa de temporalidad del mercado de trabajo, impulsar el trabajo a tiempo parcial y favorecer la contratación de jóvenes a través de un programa extraordinario junto a las comunidades autónomas. También abogó por reforzar los sistemas públicos y privados de intermediación laboral, revisar las actuales bonificaciones, luchar contra el absentismo y fomentar la reducción de jornada como alternativa al despido (modelo alemán).

Duran Lleida (CiU) asumió el guión del Gobierno e insistió en la necesidad de generalizar el contrato de fomento (con 33 días de indemnización), algo que también está en el ánimo del Ejecutivo. Además, defendió una rebaja temporal de cotizaciones para las empresas con menos de 10 trabajadores. Rajoy (PP) apuntó la necesidad de «otro nuevo modelo de contrato» para evitar «que haya más de un 30% de trabajadores temporales con indemnización cero». Para Joan Ridao (ERC), «la única línea roja» es «no reducir el problema a los costes del despido».

3.- En busca del pacto sobre pensiones

Aunque las pensiones no están en el ojo del huracán de la crisis, también aparecieron en el debate de ayer debido a las polémicas propuestas del Gobierno. El presidente insistió su intención de sosegar el debate y buscar el consenso sobre la reforma del sistema en el cauce reglamentario del Pacto de Toledo. Joan Ridao, de ERC, coincidió en la necesidad de sacar las pensiones del debate electoralista. Precisamente, la propuesta de retrasar la edad legal de jubilación de 65 a 67 años y, especialmente, la ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 15 a 25 años –retirada casi de inmediato– fueron acicates para las turbulencias políticas y financieras de los últimos días.

El Gobierno parte de la base de que, sin reformas, el sistema de pensiones entrará en crisis dentro de 25 años. La principal causa es el envejecimiento de la población, que ha situado ya el número de pensiones contributivas y asistenciales en nueve millones de perceptores y amenaza con desequilibrar el presupuesto. Hasta ahora, las propuestas del Ejecutivo no han tenido una respuesta positiva. Tanto los partidos de la oposición como los sindicatos, que han convocado manifestaciones el próximo día 23, defienden el retraso voluntario de la edad de jubilación.

4.- Cómo conseguir reducir el déficit al 3%

El déficit público llegó al 11,4% del PIB en el 2009 y se prevé que la deuda pública llegará al 74,3% del PIB en el 2012.La Comisión Europea obliga a situar el déficit en el 3% en el 2013. Para lograrlo, el Gobierno cuenta con la recuperación económica, con las subidas de impuestos ya aprobadas, con un recorte del gasto del Estado de 52.000 millones en 4 años y con un ajuste de 5.000 millones en autonomías y ayuntamientos. Dentro de este objetivo, Zapatero anunció ayer que el nuevo plan de lucha contra la economía sumergida se presentará el 1 de marzo y que el día 31 se aprobará el plan de racionalización del gasto de la administración del Estado y sus empresas públicas.

Como alternativa, el líder del PP propuso suspender la subida de impuestos y aplicar en el 2010 un ajuste de 10.000 millones en gasto corriente y la eliminación de un 25% de cargos públicos. Rajoy también defendió aplicar topes de gasto y deuda a las autonomías.

Duran Lleida (CiU) anunció su apoyo al plan del Gobierno, siempre que sea «creíble y suficiente». Ridao (ERC) abogó por centrar los esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal. Llamazares (IU-IcV), avisó de que no apoyará medidas de recorte del gasto público o las pensiones.

5.- Plan de reformas estructurales

Desde 1995, las tasas de crecimiento de la productividad son inferiores al 1% en España como consecuencia de la incorporación masiva de mano de obra poco cualificada en sectores como la construcción. Es ahora, justo cuando se baten récords de paro, cuando esta crece. Pero el reto es conseguir una economía más competitiva, capaz de producir más, con menos costes.

En este objetivo se enmarcan las iniciativas para el cambio de modelo productivo, como la ley de economía sostenible y la búsqueda de pactos sobre educación y energía. Zapatero apuntó ayer que el proyecto de ley de economía sostenible se remitirá al Congreso en cuanto el Consejo de Estado emita su dictamen. Aquí se incluyen reformas para las empresas, como la agilización de los trámites para su creación o la ley contra la morosidad en los pagos.

Dentro del debate sobre la competitividad, Rajoy (PP) planteó su apoyo a la energía nuclear y el reforzamiento de la «unidad de mercado» en el territorio español. Duran Lleida (CiU) defendió rebajas de impuestos vinculadas a la inversión, más apoyo a la internacionalización y un plan para dar salida al estoc de viviendas sin vender.