CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS
El PP ralentiza la ofensiva del PSOE para renovar el Tribunal Constitucional
Los populares exigen un informe jurídico sobre los 23 candidatos presentados para sustituir a los cuatro magistrados
La decisión del PSOE de reactivar la renovación del Tribunal Constitucional (TC), bloqueada durante dos años y medio por la falta de acuerdo con el PP sobre los sustitutos, ha sufrido hoy su primer revés. Como habían anunciado durante la comparecencia de ayer de José Montilla en el Senado, los socialistas han pedido esta mañana la convocatoria de la comisión de nombramientos de la Cámara alta, en la que se han de designar a los candidatos que han de ocupar la plaza de los cuatro jueces cuyo mandato venció en diciembre del 2007. El grupo del PP ha aceptado la convocatoria, pero ha exigido que previamente se elabore un informe jurídico sobre la "cualificación" actual de los 23 nombres propuestos por los gobiernos autonómicos.
Los populares sostienen que durante el largo periodo de tiempo en el que la renovación ha estado paralizada han cambiado las mayorías parlamentarias de dos comunidades, Galicia e Euskadi. Por ello, creen necesario actualizar si todos los candidatos siguen contando con el respaldo de los gobiernos que los propusieron.
EVITAR TÁCTICAS DILATORIAS
El PSOE ha optado, de momento, por mantener su ofrecimiento de diálogo en pos del acuerdo y ha aceptado la petición junto al resto de grupos, aunque reclamando que el informe esté listo la semana que viene. Con ello pretende evitar "tácticas dilatorias" del principal partido de la oposición, según ha explicado la portavoz socialista en el Senado, Carmela Silva.
Ante la posibilidad de que el PP ponga pegas a los candidatos, una vez se conozca el análisis jurídico encargado, Silva ha querido dejar claro que no se iniciará de nuevo el procedimiento de consulta a todos los gobiernos territoriales. "El proceso fue totalmente legal y, aunque en este tiempo han pasado muchas cosas y puede haber algún cambio, no aceptaremos empezar de cero", ha asegurado.
OBJETIVO FINAL
Fuentes socialistas han indicado que el objetivo final que persiguen los populares es retrasar todo lo posible la renovación del TC a la espera de que el equipo actual acabe consensuando una sentencia sobre el Estatut antes del verano. Todo lo contrario de lo que persiguen el PSC y CiU. Esta versión ha sido confirmada por dirigentes del PP que han reconocido abiertamente que primero ha de producirse el fallo para, posteriormente, acometer la renovación.
La clave de este pulso reside en el cambio de mayoría, entre progresistas y conservadores, que se producirá en el TC si se releva a los cuatro jueces con el mandato caducado. Tres de ellos son conservadores y solo una, la presidenta, Maria Emilia Casas, está adscrita al ala progresista. Por el contrario, corresponde ahora al PP elegir a dos de los sustitutos y al PSOE a los otros dos, lo que cambiará la actual relación de fuerzas entre uno y otro bando.
VOTACIÓN ANTES DEL VERANO
Si no aparecen nuevos obstáculos y se cumplen las previsiones del PSOE, la convocatoria de la comisión de nombramientos no se hará efectiva hasta la próxima junta de portavoces de la cámara, prevista para el 8 de junio. Según Silva, ello permitiría votar "antes del verano" en sesión plenaria a los cuatro candidatos, cuya aprobación requiere del visto bueno de las tres quintas partes del Senado, lo que otorga derecho de veto mútuo a los dos partidos mayoritarios.
Los socialistas abrieron ayer la puerta a votar incluso a los dos únicos candidatos presentados por el PP en todas las autonomías, en aras de desbloquear la renovación. Pese a ello, insistieron en que la estrategia de los conservadores va en contra del "espíritu" de la ley, que daba una mayor potestad a los gobiernos territoriales en la designación de los candidatos para "despolitizar" la composición del tribunal.
Los dos nombres elegidos por Mariano Rajoy, Francisco Javier Hernando y Enrique López, suscitan también las críticas del PSOE por pertenecer al sector más duro del ala conservadora de la judicatura. Ambos han mostrado en público su rechazo a la constitucionalidad del Estatut, lo que abre las puertas a su recusación objetiva una vez sean nombrados.
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