La Audiencia Nacional comenzó ayer a juzgar a los 21 miembros de la asamblea de cargos elegidos de Batasuna, más conocida como Udalbiltza-Kursaal, por pertenecer a ETA. La primera decisión del tribunal fue absolver a una de las acusadas, Míriam Campos, porque ya cumple una condena firme por el delito de integración en una organización terrorista. Además, los magistrados ordenaron la busca y captura y el ingreso en prisión de otro de los imputados que no se presentó a la vista.

El fiscal sostiene que la asamblea se creó a instancias de la banda terrorista durante la última tregua, entre septiembre de 1998 y noviembre de 1999. Según el ministerio público, Udalbiltza-Kursaal tenía por objeto convertirse en el "embrión del futuro partido político" que debía sustituir a Batasuna posteriormente a su ilegalización, en el 2003. Además, subraya que se financiaba con fondos públicos de los ayuntamientos gobernados por la izquierda aberzale.

La fiscalía apoyó la absolución de Campos porque ya fue juzgada por el caso Ekin (el aparato político de ETA) y y cumple una pena de seis años impuesta por el Tribunal Supremo.

Sin embargo, el fiscal apoyó que continúe en la vista el dirigente de la banda Xabier Alegría, condenado también por el mismo caso, porque no solo está acusado de pertenencia a la organización terrorista, sino también de malversación de caudales públicos.

La orden de busca y captura y el ingreso en prisión decretados por el tribunal, que preside Javier Gómez Bermúdez, fue para Charles Etxecaharreta. Así lo anunció Gómez Bermúdez después de que la secretaria judicial informara a la sala de que el encausado no había acudido a la vista.

El tribunal ha librado, además, una euroorden a Francia para que Etxecaharreta, responsable de Udalbiltza-Kursaal en el País Vasco francés, sea puesto a disposición de la Audiencia Nacional española.

SOLO UN ´MANDAO´ Los imputados negaron su participación en un proyecto dirigido por ETA. Sí admitieron haber trabajado en la plataforma, pero descartaron que sus intenciones fueran ayudar a la banda. "Yo soy un simple trabajador. Asumo una serie de funciones para coordinar y asegurar que lo que se ha decidido se vaya a cumplir, pero mi posición en Udalbiltza es una posición de mandao", afirmó Alegría ante el tribunal.

El fiscal pide diez años de prisión por pertenencia a ETA para los 22 procesados, y otros cinco años para cuatro de ellos --Joseba Mikel Garmendia, Loren Arkotxa y Xabier Iragorri, además de Xabier Alegría-- por malversación de fondos públicos.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita la clausura definitiva de Udalbiltza-Kursaal y de otras entidades, así como la prohibición de realizar en sus locales actividades u operaciones mercantiles.