El Gobierno ha iniciado la tramitación urgente del real decreto aprobado en el último Consejo de Ministros en el que se da prioridad al consumo de carbón nacional en centrales eléctricas, anunció el Ministerio de Industria en un comunicado. Ejecutivo tiene como objetivo evitar que la aplicación de este decreto se demore "más allá de lo que exigen los procedimientos obligatorios para su entrada en funcionamiento", y prevé que el nuevo mecanismo esté listo a mediados de este mes. Tras la publicación del decreto el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del sábado, Industria ha remitido a la Comisión Nacional de Energía (CNE) tres propuestas que desarrollan la puesta en marcha del mecanismo, conocido como resolución de restricciones técnicas por garantía de suministro. En concreto, el departamento dirigido por Miguel Sebastián prepara tres desarrollos normativos, entre los que figuran, en primer lugar, los Procedimientos de Operación (PO) del Operador del Sistema, donde se recogen aspectos básicos del nuevo sistema. De hecho, Industria deberá realizar los desarrollos correspondientes en las reglas que rigen el funcionamiento de las centrales, de forma que el sistema pueda disponer de la energía que se produzca con carbón nacional a lo largo del año. Red Eléctrica de España (REE) se encargará de desarrollar estos sistemas. Junto a esto, se ha remitido una orden ministerial sobre la metodología de cálculo de los derechos de CO2 cuyo objetivo es asegurar la correcta aplicación de la normativa europea sobre ayudas de Estado por la prestación de servicio público. Esta propuesta desarrolla la metodología de cálculo que deberá seguir la CNE para valorar los derechos de CO2 en la retribución de las centrales de carbón autóctono adscritas a la resolución por garantía de suministro. Por último, Industria ha remitido al regulador una resolución de la Secretaría de Estado de Energía para la fijación con carácter anual de las cantidades y el precio del carbón autóctono que deberán adquirir las centrales de carbón a las empresas mineras y, en consecuencia. Una vez publicada esta resolución, las empresas tendrán tres días para presentar sus cartas de compromiso de adquisición del carbón. Durante su tramitación, las empresas mineras y las eléctricas podrán negociar los acuerdos que reiniciarán el suministro de carbón a las centrales, de modo que, según Industria, podrá garantizarse el pago de salarios a los mineros.
