La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado hoy al juez Eloy Velasco que pida a Venezuela la extradición del etarra Arturo Cubillas Fontán para que sea juzgado de los "graves actos criminales" de los que se le acusa en España. La fiscalía considera que la nacionalidad venezolana del etarra no ha de ser un obstáculo para su entrega a España.
El juez Eloy Velasco procesó en marzo pasado a 12 dirigentes de ETA y las FARC, entre ellos Cubillas Fontán, para los que ordenaba la busca y captura en un auto en el que advertía de la "cooperación gubernamental" del Gobierno de Venezuela "en la ilícita colaboración" entre estos dos grupos terroristas.
Los presuntos etarras Javier Atristain, Golfo, y Juan Carlos Besance Zugasti, Fenómeno, enviados a prisión el pasado 4 de octubre por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, declararon que habían recibido instrucción en Venezuela a cargo del también miembro de la organización Arturo Cubillas Fontán, jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de Venezuela.
VENEZUELA PROHÍBE LAS EXTRADICIONES
La fiscalía considera que si Venezuela rechaza entregar al etarra por razón de su nacionalidad debería proceder judicialmente contra él en su territorio. El ministerio público contradice así a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que el pasado jueves aseguró que el artículo 69 de la Constitución de su país "prohíbe la extradición de un venezolano o venezolana bajo ninguna circunstancia".
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido pedir la entrega del etarra después de recibir un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que se hace constar que éste es ciudadano de Venezuela, que reside en ese país y que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), organismo que depende del Gobierno de Hugo Chávez.
Exteriores añade que Cubillas "se ha personado recientemente antes las autoridades judiciales de Venezuela" -en referencia a la visita que el etarra hizo el pasado día 11 a la Fiscalía de ese país para pedir que se investigaran las acusaciones de la Justicia española contra él-, "sin que haya tenido efecto hasta ahora la orden de detención internacional cursada por la Audiencia Nacional". La orden data de finales del pasado febrero, cuando Velasco dictó un auto en el que le procesaba por los delitos de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada y de conspiración para cometer homicidios terroristas y acordaba su prisión provisional y su busca y captura.
TRABAJO PARA LAS FARC
En ese auto, el juez señalaba a Cubillas como "responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC" y añadía que se encargó de que ese grupo terrorista adiestrara en el manejo de explosivos a miembros de ETA a cambio de que la banda localizara en España objetivos para la guerrilla colombiana.
Las acusaciones de Velasco se han visto confirmadas meses después, cuando dos presuntos etarras detenidos el pasado 29 de septiembre -Xabier Atristain y Juan Carlos Besance- declararon ante la Guardia Civil que en el verano del 2008 participaron en un curso de formación impartido por Cubillas en Venezuela.
Según el Ministerio Público, los delitos de los que se acusa a Cubillas "son susceptibles de extradición" conforme al tratado bilateral hispano-venezolano, "sin que puedan ser considerados como delitos políticos (...), pues los actos de terrorismo están excluidos expresamente de esa calificación jurídica".La Fiscalía también dice que la nacionalidad venezolana de Cubillas "no es un obstáculo para la concesión de la extradición", ya que el citado tratado establece que "el rechazo de la extradición por tal motivo es potestativo y no preceptivo".
