El Gobierno español podrá restringir la entrada de rumanos hasta el 31 de diciembre del 2012. Así lo autorizó ayer la Comisión Europea (CE), en respuesta a la petición efectuada el pasado 28 de julio por el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero para volver a solicitar, de forma temporal, permisos de trabajo a los inmigrantes de ese país que quieran entrar en España. La Comisión Europea justificó su decisión, de carácter excepcional, en la constatación de la "dramática situación" que sufre el mercado laboral español.

Según un comunicado de la institución europea, la "continua llegada de rumanos a España" y su "alto nivel de desempleo" ha tenido "un impacto" en la capacidad de "absorber nuevos flujos de trabajadores". La nota, en la que se confirman los datos enviados a Bruselas por el Gobierno del PSOE, añade que los trabajadores rumanos en España están "fuertemente afectados por el desempleo", con una tasa de paro del 30%, que se concreta en 191.400 trabajadores. Ello les convierte en el mayor grupo de desempleados, tras el que forman los españoles.

A pesar de que la crisis económica ha frenado en los últimos años la llegada de inmigrantes rumanos, el flujo se mantiene en "niveles elevados", según la Comisión Europea, lo que avala también la medida decidida por el Ejecutivo. Así, el número de rumanos residentes en España era de 823.000 en enero del 2010, frente a los 388.000 del mismo mes del 2006, según datos de la Comisión Europea.

PAÍS ABIERTO El comisario europeo de Empleo, Laszlo Andor, añadió en el comunicado que, incluso con la restricción temporal que aplicará ahora España, este país "estará más abierto a los trabajadores comunitarios que otros estados miembros". De hecho, 10 estados de la Unión Europea (Alemania, Bélgica, Irlanda, Francia, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Reino Unido y Austria) aún no han eliminado las restricciones tras la entrada de Rumanía en la Unión Europea, y limitan la llegada de rumanos, como les permite la normativa europea hasta finales del año 2013.

No obstante, Andor confió en que la decisión española sea "lo más limitada en el tiempo posible", y quiso recordar que restringir la libertad de movimiento a los trabajadores "no es la respuesta al alto desempleo". Como alternativa, el comisario pidió al Ejecutivo español medidas "centradas en crear nuevas oportunidades laborales" y animó al Gabinete de Rodríguez Zapatero a continuar con las reformas de su mercado de trabajo.

El dirigente europeo sugirió al Gobierno rumano que lleve a cabo "más esfuerzos" para mejorar la situación del empleo en dicho país, en aras de que sus trabajadores no se vean obligados a emigrar. Las restricciones se aplicarán en todos los sectores económicos españoles y en todas las autonomías, aunque no afectarán a los rumanos que ya están trabajando aquí.

Este es el primer caso en el que un Estado que forma parte de la UE hace uso de la conocida como cláusula de salvaguarda, que permite derogaciones temporales de la libre circulación de personas cuando un país ha abierto su mercado laboral a todos los trabajadores europeos, como hizo España en el 2009.