El candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, recondujo ayer en pocas horas la reforma constitucional y dejó prácticamente cerrado un acuerdo con el PP en el que se evita cifrar el tope del déficit en la Carta Magna, lo que otorga un amplio margen de flexibilidad a las administraciones para aplicarlo y lo hace aceptable para los irritados dirigentes de su partido. La noticia, contada así, es seguramente cómo el exvicepresidente querría ver contado en los medios el pacto sobre el texto al que anoche llegaron PP y PSOE. Y aunque no hay mentiras en esta versión, sí hay matices, y alguna que otra contradicción.

Es cierto que por la mañana el entorno de Alfredo Pérez Rubalcaba anunció que iba a imponer como condición para sacar adelante el pacto que no hubiera cifras, y que estas fueran en la ley de estabilidad presupuestaria que se ha acabado incluyendo en el acuerdo. Así, se enviaba el mensaje de austeridad que reclaman los mercados y, al mismo tiempo, los gobiernos venideros tendrán suficiente margen de maniobra para gestionar las políticas sociales en cualquier circunstancia. "No quedan atados de pies y manos para décadas, al limitarse el texto a una declaración de principios", se argumentaba.

El mensaje era una desautorización en toda regla a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, que había proclamado a los cuatro vientos cuáles iban a ser aproximadamente las cifras.

La primera duda era si el PP lo aceptaría, pero la respuesta de los conservadores no se hizo esperar y pilló a muchos por sorpresa. Portavoces del presidente del PP, Mariano Rajoy, no solo se mostraron dispuestos a aceptar esta condición. Aseguraron incluso que nunca habían pedido que se incluyeran cifras en la Carta Magna, que quien las había puesto sobre la mesa era el Gobierno. La miradas se volvieron hacia la Moncloa. ¿Cuenta Rubalcaba con el beneplácito de Zapatero para lanzar su propuesta? "Por supuesto", fue la respuesta, tanto de la presidencia como del partido socialista.

El PP intentó también desdibujar el papel del candidato. "Rajoy no ha hablado con Rubalcaba, ha hablado con Zapatero. Y la parte más técnica la lleva la portavoz parlamentaria con el portavoz del PSOE", advirtieron. Tampoco mentían, pero lo cierto es que, quien manejó la trastienda tras el portavoz socialista, José Antonio Alonso, era quien ya manda en el PSOE desde hace algún tiempo, y no es Zapatero.

Despejada la duda del PP, la negociación avanzó hasta acordar un texto en el que entrara la letra pequeña de la ley de estabilidad presupuestaria, donde sí figurarán las cifras. Al cierre de esta edición, fuentes socialistas y conservadoras daban por cerrado el acuerdo también en este terreno, un pacto que estaba solo pendiente de "flecos menores".

LA DISTANCIA DE DURAN Quedaba también tentar a CiU, que se mostró proclive a sumarse a un acuerdo que excluyera las cifras de la reforma. Era una de sus condiciones, según el entorno del portavoz parlamentario, Josep Antoni Duran Lleida. Pero también puso sobre la mesa otra exigencia aún no satisfecha: que la declaración de principios se haga de tal modo que no menoscabe la autonomía financiera del Parlamento catalán.

Anoche nadie estaba en condiciones de asegurar que este extremo quedaba garantizado. "Hasta que Duran no vea el texto no podremos pronunciarnos", indicaron las mismas fuentes, tras recordar que su grupo no participa directamente en la negociación, que "solo es informado" y que, por tanto, no se sumará a la proposición conjunta que hoy presentarán PSOE y PP en el Congreso para que se pueda votar en una semana.

El equipo de Rubalcaba también contactó con otros grupos minoritarios, como Coalición Canaria (CC) y PNV, aunque con pocas esperanzas de arrastrarlos al acuerdo. Los primeros exigen que se aproveche la reforma para introducir la especificidad canaria y los segundos, para dar "una solución definitiva al problema vasco", según Urkullu.

Pero para el PSOE sería suficiente con que se sumara CiU para evitar la indeseada foto en solitario con el Partido Popular. Aunque la foto a tres no será suficiente para apaciguar a los sectores de la izquierda que comulgan con los indignados. La petición de celebrar un referendo gana cada vez más adeptos y Rubalcaba no se ha planteado pedirlo en ningún momento. CiU también coquetea con la idea, aunque con sus votos no sería suficiente para convocarlo.