Los sindicatos salieron ayer al paso de las acusaciones de la jueza Mercedes Alaya sobre las supuestas sobrecomisiones cobradas a raíz del fraude los ERE andaluces, pagados por la Junta de Andalucía. Tanto los responsables de UGT como los de CC.OO se desligaron de cualquier "trama corrupta" y negaron haberse beneficiado cobros irregulares.
El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, respaldado por el responsable federal de Acción Sindical, Toni Ferrer, fue más allá y puso las cuentas de la organización, "públicas y transparentes", a disposición de la Justicia. No obstante, en un reciente auto la jueza Alaya afirmó que el "entorno" de ambos sindicatos recibía comisiones de entre el 0,5 y el 1 por ciento de una de una empresa consultora, Vitalia, por participar en la tramitación de las prejubilaciones. Y estima que pudieron lucrarse con casi 4,3 millones de euros "según los datos bancarios y fiscales analizados".
Por su parte, desde CC.OO insistieron en que son una organización con "paredes de cristal" y destacaron la trayectoria "intachable" del sindicato. No obstante, en caso de que aparecieran datos nuevos, la dirección federal se plantearía la reapertura de la comisión interna de investigación creada en abril de 2011.
Una comisión con la que se pretendería imprimir aún "más transparencia" sobre la actuación del sindicato en el fraude de los ERE, según explicó el secretario de Organización y Comunicación, Fernando Lezcano.
Por su parte, el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, instó ayer al grupo parlamentario popular a solicitar la comparecencia en el Congreso del actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y de su antecesor, Manuel Chaves, para explicar el marco normativo que amparó los ERE. Los socialistas andaluces calificaron de "ridícula" la propuesta de Zoido.
