El juez ve delito en la destrucción de los discos duros de Bárcenas

Ruz hizo públicos ayer cuatro autos en los que informa de que la investigación contra Bárcenas está a punto de concluir. Por ello, no quiere alargarla innecesariamente y ha optado por pedir a los juzgados de Madrid que examinen la destrucción de los discos duros de los ordenadores del extesorero que el partido eliminó el pasado mes de abril por entender que eran de su propiedad y no de Bárcenas. Sin embargo, la explicación oficial del PP no ha convencido al juez ya que este considera que el partido sabía que el contenido de estos discos duros podrían ser útiles para la investigación de los llamados papeles de Bárcenas.

PARTE EN EL PROCESO Ruz sostiene que los populares ya conocían, después de que un juez archivase una denuncia de Bárcenas por la sustracción de sus equipos informáticos, que el extesorero estaba siendo investigado por graves delitos. Sobre todo porque en aquellas fechas actuaba como acusación popular en este proceso.

Por ello, el juez afirma que no es "irracional" pensar que esta actuación puede ser constitutiva de un encubrimiento que se perpetra cuando "se intenta impedir u obstaculizar el éxito de un proceso criminal".

Sin embargo, deja en manos del juez de la Plaza Castilla al que le corresponderá esta vía de investigación, la identificación de la persona o personas que ordenaron la destrucción de los discos duros.

Además, Ruz reclama a Bárcenas que le entregue el disco duro que él mismo sustituyó en octubre o noviembre del 2012 de uno de los ordenadores que utilizaba en su despacho de la sede del PP. Se deduce que el juez no confía mucho en el cambio de actitud del extesorero, a pesar de que fue el argumento que utilizó su letrado para pedir su libertad el pasado 11 de septiembre.

El magistrado se opone a la excarcelación porque considera que persiste el riesgo de fuga, la reiteración delictiva y la destrucción de pruebas. Ruz insiste en que el extesorero sigue disponiendo de "un importante patrimonio" en el extranjero del que no facilita información por lo que "dificulta su incautación y ralentiza y dificulta la instrucción". Por ello, señala que si Bárcenas vuelve a disponer de este patrimonio puede "perpetuar o perfeccionar" su actividad delictiva o usar este capital para fugarse.

Asimismo, considera plausible que el extesorero del PP intente "influir" en el testimonio de la pintora Isabel Mackinlay que desmontó la teoría de que el matrimonio Bárcenas se hizo rico, entre otras razones, por la compraventa de cuadros.

Por ello, añade que los indicios que pesan contra Bárcenas "permanecen incólumes e invariables" y que se han incrementado desde que ingresó en prisión el pasado junio. De momento, le imputa uno o más delitos de cohecho, varios contra la Hacienda Pública, uno continuado de blanqueo, varias falsedades en documento mercantil y uno de estafa procesal.

Por si esto no fuera poco, el juez acordó ayer investigar con carácter de urgencia cómo es posible que Bárcenas ingresase el pasado 30 de julio a través de una de sus sociedades, Conosur Land, 1.559,46 euros en una empresa de leasing para adquirir un Land Rover valorado en 69.491,52 euros que pensaba pagar en 60 meses por lo que el importe final se elevaba a 91.936,80 euros.

Ruz también ha decidido escuchar al jefe de seguridad del PP, Antonio de la Fuente, para que revele la identidad de las personas que visitaban a Bárcenas y a Álvaro Lapuerta en sus despachos oficiales de la calle Génova.

MIEDO EN LA CÁRCEL Esta es una prueba pedida por las acciones populares. Precisamente ayer, IU amplió su querella y solicitó al juez del caso que impute en la causa, entre otros, a Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes.

Mientras, el letrado del extesorero, Javier Gómez de Liaño, comunicó al magistrado que su cliente no se atreve a salir de su celda tras la difusión de imágenes sobre su vida en la prisión y denunció que el interno teme "por su integridad física"