El Gobierno ha decidido volver a suavizar la reforma de la administración local, después de encontrarse con que comunidades y ayuntamientos de todo signo político, incluido del PP, no comparten muchas de las disposiciones de una norma que por este motivo ya fue dulcificada cuando fue aprobada definitivamente por el Consejo de Ministros, el pasado julio.

El PP presentó ayer en el Congreso una enmienda al texto --que será aprobada dada su mayoría absoluta-- en la que da un año extra, hasta el 31 de diciembre del 2015, a las administraciones autonómicas para que se hagan cargo de las competencias en servicios sociales, de promoción y reinserción social que asumen los ayuntamientos.

Uno de los objetivos de la reforma es liberar a los consistorios de las llamadas competencias "impropias", aunque esto suponga desbaratar aún más las maltrechas cuentas de la administración inmediatamente superior o privatizar los servicios. A favor de esto último, la ley establece que la gestión por parte de las comunidades de las prestaciones sociales y sanitarias que ahora ostentan los municipios (para asumir estas últimas el plazo es de cinco años) "no podrá suponer un mayor gasto", de ahí que o se transferirán a la empresa pública o se suprimirán.

De hecho, si transcurrido el plazo, las autonomías no asumen la gestión o delegan los servicios en los ayuntamientos, con el correspondiente pago, Hacienda les detraerá de las transferencias las cantidades correspondientes. Las enmiendas del PP también dan cierto aire a las entidades de ámbito inferior al municipio, al ampliar de tres meses a un año el plazo para que presenten sus cuentas. Si no lo hacen, serán disueltas. Por contra, refuerza más el poder de las diputaciones o consejos comarcales. Cuando entre en vigor la ley, estas entidades supramunicipales "propondrán" a Hacienda cómo se prestan servicios que sí que son competencia local, como la recogida de residuos, la limpieza viaria, o el alumbrado, en el caso de los ayuntamientos inferiores a 20.000 habitantes. Sólo si sus alcaldes pueden "acreditar" una gestión más barata, podrán asumirlos.

Los populares han colado una disposición que resta poder a los plenos, a favor de los gobiernos locales, que podrán aprobar los presupuestos si el pleno no alcanza mayoría en la primera votación. Además, se exime a los consistorios de que reduzcan el número de asesores hasta pasadas las elecciones del 2015.