El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha accedido a revisar el calendario de implantación de la polémica ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE), después de que los consejeros de Educación de Catalunya, el País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias, las cinco comunidades autónomas contrarias a la reforma, mostrararan su oposición.

"Se podría plantear un escalonamiento" de la implantación de la reforma", ha afirmado Wert, además de recordar que en el trámite parlamentario en el Senado "estamos en tiempo hábil" para conseguir algún consenso.

El anuncio, hecho este martes en el Senado, ha sido celebrado con moderación por la delegación de la Conselleria d'Ensenyament que se ha desplazado a Madrid para asistir a la comisión general de las comunidades autónomas, que, por primera vez, va a dedicar una sesión monográfica a una ley educativa. "Es un avance, aunque todavía hay que acabar de hablar de la financiación", han indicado miembros del equipo que acompaña a la 'consellera' Irene Rigau.

El socialista Mario Bedera, portavoz de Educación en el Congreso, ha considerado el anuncio de "simple gesto", que responde también a la exigencia de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que ven imposible que la LOMCE se pueda aplicar en solo dos años por falta de recursos económicos.

El grupo anti-LOMCE ha formalizado su desacuerdo con el ministro con una foto de familia en el Senado y anunciando, todos ellos, que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) si este norma prospera en los términos actuales. Es, además, "una ley que se quiere desplegar en solo dos años, cuando con todas las anteriores, la LOE se dispuso de cinco años como mínimo". En el caso de la LOGSE fueron incluso 10.

A la precipitación de Wert porque la ley entre en vigor el próximo septiembre (en el curso 2014-2015, los alumnos de primero, tercero y quinto de primaria; los de primero y tercero de ESO y los de primero de bachillerato, se verían ya afectados), se suma lo que los consejeros de CiU, PNV, Coalición Canaria y PSOE consideran una dotación presupuestaria a todas luces insuficiente. La LOMCE, han denunciado, invade sus competencias, supone una involución y carece del consenso de la comunidad educativa.

Los consejeros de la comunidades gobernadas por el PP han mostrado su apoyo "total y pleno" a la LOMCE, según ha expresado el titular de Catilla-La Mancha. Marcial Marín. A su juicio y al de las consejeras de la Comunidad Valenciana y Baleares, Maria José Catalá y Joana Camps, la futura ley no invade competencias y respeta la cooficialidad de sus lenguas con el castellano. Marin incluso ha asegurado que la polémica norma da más competencias a los centros y a las comunidades. Los tres han insistido en que la LOMCE es necesaria para acabar con el abandono escolar, adaptar la FP al tejido productivo y mejorar el dominio de la lengua extranjera.