El juicio contra el "ciudadano ejemplar" que Mariano Rajoy vio en Carlos Fabra quedó ayer visto para sentencia. Si el abogado defensor del expresidente del PP de Castellón, Javier Boix, insistió el martes en sus conclusiones en la prescripción de los cuatro fraudes fiscales --a pesar de que el Tribunal Supremo ya negó esta condición en el 2011-- y en pedir la absolución de las imputaciones de cohecho y tráfico de influencias, ayer fue Fabra quien haciendo uso de su derecho a la última palabra asumió la tesis de su defensa.

En la última sesión del juicio, las defensas del resto de acusados (la exmujer de Fabra, María Amparo Fernández; el empresario que destapó el caso, Vicente Vilar; su exmujer, Montserrat Vives, y el exsenador Miguel Prim) expusieron sus conclusiones. Todos pidieron la absolución. También Vilar que, según su letrado, "se retractó" de la denuncia que desató el caso "tras largos años privado de libertad y recapacitar" (el empresario cumple ya condena por violación). Con ello, según su defensa, "no estaba buscando una exculpación" del cohecho. Una afirmación que contradijo el fiscal al considerar "comprensible" que Vilar negara en el juicio los hechos que él mismo denunció, puesto que no iba a "tirar piedras contra su propio tejado".

Susana Boix, abogada defensora de Fernández y a su vez hija del letrado de Fabra, también pidió la prescripción de los tres delitos fiscales que se le imputan a su clienta. No obstante, de existir los delitos, echó balones fuera, ya que redundó en la idea de que Fernández --tal y como dijo Fabra-- "no entendía nada de cuentas" y responsabilizó al político de todas las operaciones investigadas por Hacienda puesto que su patrocinada, según dijo, otorgó poderes a su marido desde 1980 para que gestionara las cuentas familiares.

Después de un mes de juicio con más de 50 testigos, entre ellos exministros y exaltos cargos del Gobierno de José María Aznar que reconocieron el interés del expresidente de la Diputación de Castellón por los productos fitosanitarios de Naranjax en diversas reuniones, los peritos de Hacienda ratificaron también con sus informes que el matrimonio Fabra defraudó al fisco 693.000 euros entre 1999 y 2004. Vistas las pruebas y oídos los testimonios, la Fiscalía Anticorrupción mantiene para el exdirigente del PP de Castellón una petición de 13 años de cárcel. El ministerio público no se explica cómo Fabra y su exmujer llegaron a tener más de tres millones de euros sin justificar. Unas cuentas que, según el fiscal, "no salen" ni aunque le hubiera tocado la lotería.