El Tribunal Constitucional se reunirá esta misma tarde para decidir si admite a trámite los recursos que ha presentado este lunes la Abogacía del Estado contra la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria del 9-N, después de ser aprobados en el Consejo de Ministros extraordinario celebrado en la Moncloa, según han confirmado fuentes jurídicas aunque todavía no existe una convocatoria oficial. Si el presidente del alto tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, y el resto de los 11 jueces que integran el pleno del Constitucional admiten los recursos, ambas normas quedarán suspendidas cautelarmente a la espera de que se dicte sentencia.

Los recursos del Gobierno ha sido registrados por un funcionario del alto tribunal y remitidos a la secretaría del pleno que tendrá que designar a un magistrado ponente encargado de redactar la sentencia. En el debate sobre la suspensión de las normas discutidas, que durará solo unos minutos, los 12 jueces comprobarán que los mismos reúnen las exigencia legales, es decir, que han sido autorizados por el Consejo de Ministros, y que están acompañados por el dictamen que ayer emitió el Consejo de Estado antes de firmar la suspensión.

La suspensión de la norma es automática porque así lo establece la ley. Los jueces no tienen ningún margen de maniobra para rechazar la petición del Ejecutivo. La suspensión tendrá carácter retroactivo y comenzará a ejecutarse desde el momento en que se publicó la ley en el 'Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya'. Esta suspensión se acuerda en una providencia que firman los 12 jueces y es posible que en la misma se explique a la Generalitat que no puede ejecutar ningún acto relacionado con el 9-N. Habitualmente, este trámite se dicta en una providencia en la que solo se acuerda la suspensión y se da plazo a las partes para que presenten alegaciones.

La suspensión será comunicada inmediatamente a Artur Mas por vía telemática y también se le notificará por correo ordinario. A partir de ese momento el 'president' de la Generalitat tendrá que acatar la orden del Tribunal Constitucional.