La declaración del principal testigo en el caso de los cursos de formación cuestiona la competencia de la jueza Alaya para llevar este sumario. El testimonio clave de Teodoro Montes, el funcionario encargado de supervisar los cursos y sobre el que comenzó la instrucción, se ha ido desmoronando, sobre todo tras admitir esta semana --a preguntas de la Junta de Andalucía--que está imputado por un juez de Coria (Sevilla) por supuesta falsedad y suplantación de personas en uno de estos cursos.

Su imputación se concretó poco antes de que él denunciara ante la Guardia Civil el supuesto descontrol en el reparto de las ayudas por parte de la Junta de Andalucía. Primero lo denunció ante Alaya, y, según su propia confesión, fue la propia magistrada lo que lo derivó a la UCO, que ya estaba investigando el caso de los ERE.

Esto originó que la jueza asumiera también el caso de la formación, ya que lo ligó al de los ERE, cuando lo normal es que, una vez presentada una denuncia, vaya a reparto entre todos los jueces, sin que se sepa inicialmente qué magistrado es el que lo va a investigar.

En la declaración ante la Guardia Civil, Montes estableció un nexo entre el caso de los ERE y el fraude de los cursos de formación. Aunque posteriormente, y su declaración judicial, se ha retractado. La declaración de este testigo supone la confesión de que fue en el juzgado de Alaya donde se le señaló qué camino debía seguir para iniciar las pesquisas sobre los cursos de formación y pondría en cuestión el camino iniciado por la jueza.

A estas dudas sobre competencias se suma la postura de los fiscales andaluces, que ven más efectivo que las investigaciones de estos casos se realicen en los juzgados provinciales.