El fiscal anticorrupción de Barcelona Fernando Bermejo no quiso que el registro en casa de Oleguer Pujol Ferrusola, de 34 años, empezara antes de que los dos hijos pequeños del imputado abandonaran el domicilio para ir al colegio, acompañados de la asistenta que trabaja con la familia. Con los menores fuera de la casa de tres pisos de la calle de Teodor Rovira, una veintena de policías accedieron a la vivienda mientras el inspector jefe de uno de los grupos de la UDEF de la comisaría general de la Policía Judicial leía los derechos a Oleguer Pujol, delante de su mujer.

El registro se desarrolló con absoluta normalidad. Los investigadores se centraron en la parte superior de la espaciosa vivienda unifamiliar, una especie de buhardilla que Oleguer Pujol utilizaba a modo de despacho. Allí es donde los investigadores se incautaron de documentación, ordenadores, algún disco duro y memorias de ordenador. Incluso llevaros perros para buscar dinero escondido.

Aunque lo más importante estaba en las oficinas de Madrid y en el domicilio del socio de Oleguer Pujol, Luis Iglesias. Ambos utilizaron los servicios de una empresa informática que colocó en una "nube virtual" la información más delicada y comprometida de los dos socios. Unos datos que cualquiera de los dos podría haber destruido desde su teléfono móvil apretando un par de teclas. Por eso tanto Oleguer Pujol como Luis Iglesias fueron detenidos durante los registros, sin orden del juez Santiago Pedraz, pero con autorización de la fiscalía anticorrupción, para evitar la destrucción de cualquier información relevante.

A las siete y media de la mañana, cuando Oriol Pujol Ferrusola abrió la puerta al fiscal anticorrupción, al secretario judicial de la Audiencia Nacional, y a los cuatro primeros policías, el propio inspector jefe responsable de las pesquisas le tuvo que intervenir el teléfono móvil y recordarle que no lo podía utilizar. Estaba detenido. Fue el fiscal anticorrucpión el que mandó llamar al abogado del detenido, Cristóbal Martell, a pesar de que la causa está secreta.

Durante el registro y tras varias quejas consecutivas del letrado de Oleguer Pujol, el fiscal anticorrupción le recordó: "Está usted aquí porque hemos querido llamarle...".

Tras los registros, de casi ocho horas, los dos detenidos quedaron en libertad con los cargos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Pero antes fueron trasladados al complejo policial de la Verneda, donde se negaron a declarar ante los investigadores de la policía. El letrado Cristobal Martell ya avisó que su cliente solo declararía ante el juez Santiago Pedraz, cuando este le cite en la Audiencia Nacional.

No hace ni dos días que Pedraz recibió la querella del fiscal anticorrupción José Grinda, junto a un informe de más de un centenar de páginas elaborado por la UDEF central, con aportaciones de la unidad de policía nacional adscrita a la fiscalía anticorrupción. Grinda estuvo el miércoles en Barcelona ultimando con el fiscal Bermejo los detalles de la operación del jueves.