El juez Eloy Velasco sostiene que Francisco Granados, exnúmero dos del PP en Madrid, y los integrantes de su red hicieron de la corrupción su "modus vivendi". También afirma que este tipo de organizaciones se suelen dotar de medios económicos "para facilitar la huida de sus componentes". Así consta en los autos de prisión dictados, de momento, contra 14 de los 51 imputados. A seis de ellos, el magistrado los mandó ingresar en la cárcel de forma inmediata y a los otros ocho, les impuso cárcel eludible con fianzas que van de los 25.000 a los 100.000 euros.
Velasco explica que esa trama de corrupción era "una red clientelar" que usaba sus contactos políticos para obtener contratos públicos a cambio de comisiones. Y que recurría a todos los medios para intentar ocultar sus negocios: facturas falsas, falsificación de informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se realizaron, adjudicación de trabajos sin contrato...
RED DE CONTACTOS En la trama, apunta el juez, también colaboraban "determinadas personas" que disponían "de una amplia red de contactos" y todas tenían el mismo propósito: el enriquecimiento personal. Y es que algunos de los contratos que lograron alcanzaron los 100 millones gracias a que "las autoridades municipales se plegaron" a los intereses de los detenidos.
El juez cuenta en su investigación con la información facilitada por Suiza el pasado 24 de diciembre sobre las cuentas del matrimonio Granados y del "conseguidor" Daniel Marjaliza y su esposa en las que detectaron que sus fondos procedían "de conductas delictivas vinculadas a la promoción urbanística y a la contratación administrativa".
Además, esta trama gestó un sistema de blanqueo que usó la exportación para repatriar el dinero a España desde Suiza. Durante el proceso judicial e investigador que se vivió ayer, el juez mandó a la cárcel al presidente de la Diputación de León, Martín Marcos Martínez, quien puso en marcha contratos en la estación de esquí San Isidro que solo concedió a empresas vinculadas al "conseguidor" Alejandro de Pedro --que también fue enviado a prisión-- a cambio de que este usara sus contactos políticos en el Partido Popular para continuar en este cargo.
Por su parte, De Pedro se erigió como "cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo" montado por Marjaliza. José Luis Huerta, dueño de la empresa Waiter Music, durmió en la cárcel hasta que pague una fianza de 300.000 euros. Este era el favorito en Valdemoro (Madrid) para organizar festejos. Y parte de estos contratos se los adjudicó Granados.
Además, en la jornada de ayer fueron a prisión el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP); Ana María Ramírez, secretaria de David Marjaliza; y un empleado de la empresa Cofely, Pedro García Pérez. La prisión eludible bajo fianza fue para el jefe de gabinete del alcalde de Valdemoro, Alfredo Ovejero (25.000); el concejal de Hacienda de este municipio, José Javier Hernández (60.000); el arquitecto municipal de Valdemoro José Luis Navarro (100.000 euros); el empresario Eduardo de la Peña (50.000); el administrador de una empresa de Marjaliza, Antonio Serrano (100.000), y los tres empleados de Cofely Didier Maurice, Constantino Álvarez y José Antonio Hernández (100.000 euros cada uno).
