carrera en la fiscalía

Un mandato plagado de minas

Hijo de un magistrado del Tribunal Supremo y sobrino de un presidente del Tribunal de Orden Público (el temible TOP creado por Franco para reprimir a sus enemigos), Eduardo Torres-Dulce (Madrid, 1950) optó por la carrera de Derecho, al contrario de su hermano y su tío, sacerdotes del Opus Dei. Dio sus primeros pasos como fiscal en Sevilla, Guadalajara y Madrid, y enseguida se ganó merecida fama como profesional entre sus colegas. Cinéfilo redomado, compaginó sus clases universitarias con la crítica cinematográfica en la ya desaparecida revista Nickel Odeon.

Llegó a la Fiscalía General en octubre de 1996, cuando fue nombrado jefe de la Secretaría General Técnica del entonces titular del organismo, Jesús Cardenal. Y en diciembre del 2011 fue elegido fiscal general por Mariano Rajoy. Aún no llevaba tres meses en el cargo cuando protagonizó su primera polémica. Ordenó investigar unos restos de los trenes del trágico 11-M del 2004 por si hubiera habido obstrucción a la justicia. Pocos días después tuvo que dar marcha atrás afirmando: "El sumario del 11-M declaró unos hechos probados incontestables. Por tanto nadie va a reabrir el caso".

Lo peor de todo es que la orden de investigar la chatarra ferroviaria se había basado en un reportaje de Libertad Digital, web de Federico Jiménez Losantos. Precisamente en la emisora de este (esRadio) había colaborado Torres-Dulce, quien junto a su amigo el cineasta José Luis Garci y el periodista Luis Herrero hablaban de cine.

La tozudez de la fiscalía en dejar a salvo de imputación a la infanta Cristina en el caso Nóos, la decisión de no recurrir ante el Supremo la no condena de Francisco Camps en el asunto de los trajes o la movilización del ministerio público en contra de los escraches han sido otros de los temas controvertidos que han minado la imagen de "imparcialidad" de su mandato. De igual modo que cuando en marzo del 2013 forzó la renuncia del fiscal superior de Cataluña Martín Rodríguez Sol, quien veía legítimo aspirar a una consulta soberanista o la querella contra Artur Mas por el 9-N.

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