La jueza Mercedes Alaya vuelve a cuestionar la política de ayudas excepcionales a empresas en crisis de la Junta de Andalucía. El día antes de la celebración del Día de Andalucía, y a poco menos de un mes de que celebren elecciones autonómicas, la jueza ha dictado un auto en el que imputa al exconsejero de Innovación en el 2009, Martín Soler, y varios de sus subordinados directos por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, y los cita a declarar a comienzos de mayo.
Pese a su voluntad manifiesta de "no interferir" en los dos procesos electorales que se celebrarán en la comunidad en el plazo de tres meses, Alaya anuncia una nueva macrocausa que, según explica, se deriva del 'caso de los ERE'. La jueza ordena a la Guardia Civil que investigue las ayudas excepcionales a empresas en crisis otorgadas mediante la fórmula de créditos o avales a través de la agencia pública Idea durante el 2008 y el 2009 por si pudieran haber generado menoscabo de fondos públicos. Unos avales que, de nuevo, se realizaron aprovechando las denominadas transferencias de financiación --cuestionadas en los ERE-- desde la Consejería de Innovación a la Agencia Idea, que dificultaba los controles fiscalizadores previos.
En este sentido, la jueza apunta que los avales concedidos a las empresas --unos 71 millones de euros--superaron cuatro veces su techo presupuestario, fijado en 18 millones. Y destaca que algunas de las empresas beneficiarias ya habían recibido además ayudas del fondo de los ERE, lo que "indiciariamente podría constituir una inyección continuada y sistemática de fondos públicos a favor de la aplicación de criterios arbitrarios de concesión".
El auto de apertura de la causa apunta además a la participación del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, encargado de aprobar las ayudas superiores a 1,2 millones de euros. Así, señala que en el 2010 se produjo una "masiva ratificación" de estas ayudas aprobadas por la anterior Dirección General de Idea --por importe de 55 millones de euros-- apelando a la "agilidad" para que los fondos llegaran a sus destinatarios.
PRUEBA PARA DETERMINAR QUIÉN AUTORIZÓ LAS AYUDAS
La causa se encuentra aún en una fase incipiente. En este sentido, la jueza ordena realizar una pericial a los peritos de la Intervención General del Estado para determinar si el Consejo de Gobierno y el Consejo Rector de la Agencia Idea autorizaron las ayudas, y si el consejero de Hacienda tuvo conocimiento de ellas. También tendrá que determinar si la Unión Europea tuvo conocimiento de las mismas y si las empresas beneficiarias presentaron garantías suficientes para recibir el dinero público. Además, tendrán que analizar si la Junta ha sido activa o no a la hora de recuperar los avales.
De nuevo, como en el caso de los ERE, se trata de una discrepancia sobre procedimientos administrativos. Así, la jueza reclama diversa documentación como propuestas, anteproyectos y proyectos de presupuestos de la Consejería de Innovación e Idea, la información de los programas presupuestarios por el cual la Consejería de Innovación transfiere fondos a la Agencia para la concesión de estas ayudas de salvamento y reestructuración y las modificaciones presupuestarias que se hubieran producido para incrementar el crédito presupuestario inicial en la Consejería de Innovación.
La apertura de esta causa llega cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está a punto confirmar el concurso que supone el traslado de la jueza Alaya a la Audiencia provincial, aunque ella anunció su intención de solicitar una prórroga para poder finalizar la instrucción de los ERE, donde todavía falta por investigar gran parte de las ayudas directas a empresas. No obstante, también tiene abierta la macrocausa de los cursos de formación, todavía en pañales y sobre la que hace unas semanas decretó el secreto de las diligencias, y varias causas relacionadas con Mercasevilla.
