Junts pel Sí (JxSí) y la CUP dieron ayer el primer paso en el Parlamento catalán para iniciar un proceso hacia la independencia de Cataluña, al pactar una propuesta de resolución que se tramitará con carácter de urgencia. Tras semanas de conversaciones discretas, JxSí y la CUP registraron ayer, al día siguiente de constituirse el Parlamento, la propuesta conjunta en la que se declara "solemnemente" el "inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república", sin supeditarlo a lo que pueda decir un Tribunal Constitucional "deslegitimado".

Esta iniciativa se debatirá en un pleno extraordinario, anterior al debate de investidura, que deberá celebrarse como máximo el 9 de noviembre, sin que JxSí haya conseguido convencer de momento a la CUP para que apoye a Artur Mas para la presidencia de la Generalitat.

JxSí y la CUP plantean declarar "solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república" y proclamar la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo" para "preparar las bases de la futura constitución catalana".

El texto procura evitar el empleo explícito del término "desobediencia" que defendía la CUP, pero sí señala que el Parlamento, como "depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente", y el "proceso de desconexión democrática" de España "no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del TC", a quien JxSí y la CUP consideran "deslegitimado y sin competencia".

La resolución prevé que en un plazo máximo de 30 días se inicie la tramitación de las "leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública", que deben servir para poner las bases de estructuras de Estado imprescindibles para la "desconexión democrática" de Cataluña con respecto al conjunto de España.

JxSí advirtió de que "seguirá adelante" con el proceso hacia la independencia aunque el Gobierno de España decida impugnar un texto que representa "un acto de obediencia hacia el pueblo de Cataluña", dijo Josep Rull, de CDC.

La CUP destacó su "enorme generosidad" al renunciar a algunas de sus peticiones en la declaración para avanzar hacia la "república catalana" y reclamó esta misma actitud a JxSí para consensuar el nombre de un presidente que no sea Artur Mas.

Pero no todos en Convergencia ven claro que el desafío lanzado ayer y sus consecuencias no cuente con una base de acuerdo para todo el paquete negociador: el camino hacia la independencia sí, pero la investidura de Mas, también, reclaman.

La tercera parte negociadora, ERC, se mostró ayer ampliamente satisfecha con la propuesta presentada en el registro del Parlamento. Siempre mirando la consecuencia de ese texto en las conversaciones para la investidura, una fuente republicana señaló: "A ver quién se atreve a frustrarla ahora".

Respecto a los ritmos, ayer la vicepresidenta en funciones de la Generalitat, Neus Munté, negó que se estén precipitando los acontecimientos para acelerar la secesión. JxSí preveía que la desobediencia llegara solo tras una ley de transitoriedad que sirviera de paraguas legal.

ERROR DE TRAMITACIÓN El desafío dado ayer fue tan notable que ambos grupos firmantes se olvidaron de que para tramitar de urgencia el debate y votación de su iniciativa se necesitan más de dos grupos parlamentarios o bien la firma de una quinta parte de los diputados. Hoy, ya con las firmas preceptivas, la Mesa volverá a reunirse para aceptar a trámite esta votación de urgencia. Una vez publicada la propuesta se deben conceder siete días a los grupos para que puedan presentar sus enmiendas. Pero el conflicto dará para mucho más que enmiendas.

La impugnación por parte del Ejecutivo central puede llegar incluso antes de que el pleno vote el documento, dado que previamente la Mesa y la Junta de Portavoces lo han de tramitar y situar en el orden del día del pleno. La nueva presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, podría ser la que recibiera el envite jurídico por parte del Constitucional a instancias del Gobierno del PP para que ni convoque el pleno. Si no lo acata, se produciría la primera desobediencia institucional catalana al Gobierno de España.