La resolución independentista de Junts pel Sí y la CUP cayó como un jarro de agua fría en el Palacio de la Moncloa, teniendo en cuenta que ambas fuerzas no suman mayoría de votos y que aún no se sabe quién será el president o si habrá nuevas elecciones, según resumían fuentes gubernamentales. Pese a que la iniciativa pilló por sorpresa al Ejecutivo, Mariano Rajoy decidió dar una rápida respuesta.
Convocó a las dos del mediodía a la prensa a una comparecencia extraordinaria para solemnizar que utilizará "todos los mecanismos políticos y jurídicos" que le otorgan "la Constitución y las leyes" para impedir la secesión catalana. El presidente del Gobierno leyó una declaración en la que recordó que los partidos proponentes "no obtuvieron la mayoría de votos" en las elecciones y, en un acto "de provocación", quieren aprobar una resolución "contraria a la Constitución, al sentir mayoritario de los catalanes y a la voluntad democrática de todos los españoles". Y acto seguido avisó de que "la resolución no surtirá ni uno solo de sus efectos", por lo que ofreció "tranquilidad" y remachó: "La justicia prevalecerá sobre la sinrazón".
LA RÁPIDA RESPUESTA El presidente alertó además a los dirigentes independentistas de que "todos" los españoles están "sometidos a la ley y a las resoluciones de los tribunales". Y justificó su rápida respuesta, en comparación con la flema que ha demostrado en otros momentos álgidos del proceso soberanista --lo que ha sido criticado incluso dentro de sus filas--, con el argumento de que debe defender con "firmeza" la unidad de España. Previamente, Rajoy conversó con Pedro Sánchez y Albert Rivera y los tres "coincidieron", según subrayó la Moncloa, en la necesidad de defender la unidad de España y la ley.
Rajoy no quiso dar pistas de cómo impedirá que la resolución surta efecto. Fuentes gubernamentales explicaron los pasos a seguir. En primer lugar, la Moncloa cree que deben ser los grupos de la oposición los que intenten impedir que la resolución se debata. Por si esta opción fracasa, se ha encargado un estudio jurídico que determinará si el Ejecutivo puede actuar antes o después de que la propuesta sea avalada por el Parlamento catalán. En ambos casos, el texto sería impugnado, a la espera de que el TC lo deje sin efecto. Y si el Gobierno o la Cámara catalanes desobedeciesen, se pondría en marcha la reforma legal que inhabilitaría a quienes desacaten. El Gobierno baraja "como última opción" la posibilidad de suspender la autonomía.
