El pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidió ayer admitir el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra las atribuciones de la Consejería de Asuntos Exteriores de la Generalitat y, en consecuencia, deja suspendidas durante cinco meses dichas competencias. En la misma reunión, los magistrados evitaron, por el momento, pronunciarse sobre la petición del Ejecutivo de anular la comisión de estudio del proceso independentista y optaron por escuchar al fiscal y al Parlamento catalán antes de pronunciarse al respecto.
Fuentes del alto tribunal recordaron que la suspensión de las funciones del departamento que dirige Raül Romeva ha sido automática al haber planteado el Gobierno un conflicto de competencias y reclamar la suspensión de los artículos del decreto que regulan las atribuciones de esta consejería, una de las principales novedades del Gobierno de Carles Puigdemont. El alto tribunal tendrá que dictar una resolución en el plazo de cinco meses en la que decida si levanta o mantiene esta medida si antes no ha dictado sentencia del caso.
LA DEMANDA El Gobierno de Mariano Rajoy presentó la demanda al contar con los informes favorables del Consejo de Estado y de la Abogacía del Estado. La demanda llegó al Constitucional el pasado 9 de febrero y en ella se recurría la creación y desarrollo de este departamento por considerar que "la política internacional es competencia exclusiva del Estado".
Las atribuciones de esta consejería están reguladas en dos decretos publicados en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) los pasados 14 y 20 de enero. Estos decretos regulan las atribuciones del departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia. El Gobierno solo ha recurrido los artículos que hacen referencia a las competencias en política exterior. Y lo hizo, según la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Saénz de Santamaría, porque este departamento forma parte "de la internacionalización del proceso de independencia".
En cuanto a la comisión de estudio del proceso soberanista, la decisión del TC queda aplazada, ya que es la primera vez que es requerido tras la reforma que le faculta a actuar en caso de que no se cumplen sus sentencias.
