QUERELLA DE LA AVT
El juez rechaza la querella contra Carmena y Mayer por el caso de los titiriteros
El magistrado de la Audiencia Nacional solo acepta seguir investigando a los dos jóvenes detenidos por enaltecimiento del terrorismo

El juez rechaza la querella contra Carmena y Mayer por el caso de los titiriteros
MARGARITA BATALLAS
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; la concejal de Cultura,Celia Mayer, y el director artístico Ramón Ferrer Prada no serán finalmente investigados por el caso de los dos titiriterosimputados por ensalzar a ETA.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, siguiendo el criterio de la fiscalía, ha rechazado este miércoles admitir la querella de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) contra los tres responsables políticos al entender que "no han ejecutado actos o vertido expresiones" constitutivas de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Según el auto de Moreno, el artículo 578 del Código Penal, que regula ese delito, "requiere un comportamiento activo, que excluye la esencialmente dolosa e intencional, sin que existan datos objetivos de que esas personas hayan ejecutado actos o vertido expresiones que permitan considerarlos como responsables" de un enaltecimiento del terrorismo.
Por este motivo, el magistrado solo admite la querella de la AVT en lo que se refiere a los titiriteros Raúl García Pérez y Alfonso Lázaro de la Fuente, así como la de Dignidad y Justicia, que únicamente se querelló contra ellos dos por enaltecimiento y por delito cometido con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas.
RECHAZO A LA FIANZA
Respecto de los dos jóvenes, puestos en libertad el pasado miércoles tras pasar cinco días en prisión provisional, el juez Moreno rechaza imponerles una fianza, como reclamaban los querellantes, con el argumento de que ya están siendo investigados por estos delitos y los escritos de la AVT y Dignidad y Justicia se presentaron con el procedimiento ya iniciado.
En su querella, la AVT se dirigía contra Carmena, Mayer y Ferrer con el argumento de que debido a los cargos que ocupan en el Ayuntamiento de Madrid "tenían que conocer el contenido de la obra que se iba a representar", por lo que les consideraba autores y copartícipes de un delito de enaltecimiento del terrorismo.
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