En este ambiente de tímida reactivación de negociacionessobre la investidura, los populares, ganadores de las elecciones, juegan un curioso papel: meros observadores. Muchos de sus dirigentes esperan con media sonrisa dibujada en los labios la cita que, salvo sorpresas, se producirá la próxima semana entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Según dicen, esperan poco de esta nueva etapa. Coinciden con la tesis del PSOE de que la posición que ha venido defendiendo Podemos desde el 20-D, sumado a la crisis interna que sufre el partido morado, resta probabilidades a que un pacto de investidura o gobernabilidad llegue a buen puerto, ni siquiera por el camino de la abstención.

Al tiempo, mantienen vivo el mensaje público de que Rajoy pretende retomar la iniciativa negociadora tras la Semana Santa, una vez que Sánchez, sostienen, se haya “serenado”. Pero nada apunta a que lo que los conservadores entienden por “serenarse” en este caso, que es aceptar sentarse a pactar con el líder del PP para impulsar una coalición que le garantice la reelección como presidente del Ejecutivo, vaya a ocurrir. Sobre todo cuando existe una resolución avalada por el Comité Federal de los socialistas que niega el apoyo a Rajoy en particular y al Partido Popular en general.

En la cúpula conservadora no se descarta que si Sánchez y Albert Rivera siguen rechazando una reunión “de líderes”, que es lo que pretende Rajoy y su equipo, cerca de la fecha límite para alcanzar una investidura (el 2 de mayo) se pueda aceptar, a modo de gesto ante la ciudadanía más que como posibilidad real de acercamiento, una cita de equipos negociadores. Pero el partido tiene puestas ya lasesperanzas en las urnas y las fuerzas en ir desempolvando la maquinaria electoral.

LA CLAVE GALLEGA

Así las cosas, los conservadores ganan tiempo para intentar superar sus graves problemas internos provocados por la corrupción y tratar de despejar, entre otras cosas, algunas de las dudas organizativas que están sobre la mesa y que tendrán repercusión en una hipotética repetición de las generales: es cuestión de días que el gallego Alberto Núñez Feijoo tome une decisión sobre su futuro, el de su organización regional y probablemente también sobre la fecha de los comicios gallegos.

Los populares esperan a conocer qué hara Feijóo. Tiene relevancia. Desde Madrid se le ha presionado en las últimas semanas para que se mantenga en el cargo y vuelva a presentarse a las autonómicas. Está por ver si acepta. Tiene la opción de dar un paso atrás y retirarse de la política. U ofrecerse a la dirección nacional para colaborar en este momento y hacerse con una plaza como diputado si es que hay de nuevo comicios legislativos el 26 de junio y Rajoy, como asegura, vuelve a ser el cabeza de cartel.

Instalarse en la sede central de ‘Génova’ le garantizaría, de paso, estar preparado por si hubiera un acuerdo de última hora que convirtiese al socialista Sánchez en presidente y colocase a los populares en la oposición, el peor de los escenarios para ellos. En ese contexto todos dan por hecho que se aceleraría la renovación en la presidencia con un congreso urgente. Y el nombre de Alberto Núñez Feijoo, junto al de Soraya Sáenz de Santamaría y al de Alfonso Alonso aparecen en todas las quinielas sucesorias.

EL PRECEDENTE DE RATO

En lo que concierne a la corrupción, concretamente al escándalo de posible blanqueo que ahora afecta a sus filas en Valencia y a la exalcaldesa Rita Barberá, los populares también se han visto obligados a ‘ponerse las pilas’ tras el levantamiento del secreto del sumario. ‘Limpiar’ en lo posible la organización se ve (por fin) como algo imprescindible antes de la elaboración de listas y el enfrentamiento de una hipotética campaña donde Ciudadanosarremetería con fuerza contra los populares y sus escándalos si llegan otras generales.

Se ha optado por abrir un expediente informativo a Barberá y a otros 49 cargos valencianos. Este gesto implica una investigación que podría derivar en un expediente sancionador e, incluso, la expulsión. Ese proceso lleva más tiempo del que los populares pueden permitirse en estos momentos. Pero sus impulsores confían en que, como sucedió ya cuando se hizo lo propio con Rodrigo Rato y otros militantes a raíz del ‘caso de las 'tarjetas black’, muchos de los sometidos a la lupa del partido no aguanten la presión y se den voluntariamente de baja.

La dirección nacional podría optar por la suspensión temporal de la militancia para acelerar plazos. Y es que en Valencia, como en Madrid, a los conservadores les urge hacer una ‘purga’ para poder concentrarse en las urnas, en desempolvar la maquinaria electoral, como desea la organización.