El PP de la Comunidad Valenciana envió ayer un ultimátum a los nueve concejales de su partido que permanecen investigados por el supuesto blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia para que en un plazo máximo de diez días entreguen las actas. Fuentes del PP valenciano indicaron que ayer mismo se envió un correo certificado a los regidores para que previsiblemente les llegara a lo largo del día de hoy.
A partir de la recepción del escrito, la dirección regional del PP les da 10 días hábiles para entregar su acta, tal y como acordaron tras la reunión del pasado 15 de febrero con la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, si se mantenía sobre ellos la condición de investigados una vez que se levantara el secreto de sumario sobre estos hechos.
Las mismas fuentes explicaron que en la carta no se hacía mención alguna a las posibles consecuencias que se podrían derivar en el caso de que alguno de los ediles decida contravenir las instrucciones del partido y no hacer entrega de su acta.
PP VASCO También ayer se supo que el PP vasco ha despedido a su gestor en Vizcaya, Arturo Aldecoa, y a su contable en este territorio, Gonzalo Pontes, por las "graves irregularidades" detectadas en la caja del partido. En concreto, la auditoría interna ha revelado que Aldecoa y Pontes no han podido justificar gastos por valor de 101.000 euros en el 2015. El presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, aseguró ayer que el partido llevará el caso ante los tribunales.
Tras conocer estas irregularidares, el PP vasco auditará las cuentas de años anteriores. En una entrevista concedida a Onda Cero, Alonso afirmó que Aldecoa y Pontes podrían haber cometido delitos de apropiación indebida, falsedad de documento mercantil y administración desleal. La auditoría ha sacado a la luz facturas falsas a proveedores. El despido disciplinario obedece a un caso de "corrupción personal", según Alonso.
