Las presiones del PP a los concejales del PP de Valencia investigados en el caso Taula (deribado de la operación Imelsa) comienzan a dar sus frutos y los ediles y asesores investigados por el supuesto blanqueo de capitales han solicitado a su partido que les suspenda cautelarmente de militancia, una decisión que el comité de derechos y garantías conservador adoptó ayer después de que los afectados así lo solicitaran mediante un escrito. Dicha carta incluye además la renuncia de Alfonso Novo como portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia.

La suspensión no afecta sin embargo a Rita Barberá, que no ha sido imputada formalmente, y está pendiente de declarar ante el juez, quien ha iniciado los trámites para su imputación solicitando al Senado que acredite su condición de aforada. Después de semanas en las que Mariano Rajoy defendió a la exalcaldesa, el pasado 15 de marzo, tras una jornada en la que las desavencias dentro del PP en torno a este asunto se hicieron públicas, el comité de derechos y garantías abrió un expediente informativo masivo contra una cincuentena de personas por su presunta implicación en este caso, incluida la exalcaldesa y actual senadora. El procedimiento apenas ha echado a andar.

El PP aclara en el comunicado hecho público ayer que el órgano correspondiente continuará tramitando el expediente contra las personas "investigadas o llamadas a declarar", incluidos los ediles y asesores supendidos previamente de militancia, para determinar si se les expulsa definitivamente.

La decisión del partido llega después de días de tensiones entre los concejales y la presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Boning, que les reclama que entreguen su acta, y les ha dado un ultimatum, que cumple el 5 de abril. Sin embargo, los ediles, de momento, se niegan a dar un paso atrás.