Los jueces internos de Podemos se rebelan. Denuncian que la cúpula ha dado un «golpe» para controlar la Comisión de Garantías Estatal, el tribunal interno independiente. Alegan que la ejecutiva maniobra para apartar a su presidenta, Olga Jiménez, y alterar la votación con el objetivo de arrancar dictámenes afines a la dirección.
La Comisión de Garantías impugnó en julio los nuevos estatutos al concluir que contravienen lo aprobado por las bases en la asamblea ciudadana de Vistalegre 2. Tras ese dictamen, se abrió expediente a la presidenta, y aún con el conflicto abierto, la ejecutiva los registró en el Ministerio del Interior.
La maniobra ha levantado las críticas de las comisiones de garantías de Cataluña, Navarra, Valencia, La Rioja y Madrid y de otros 45 miembros de estos órganos que hicieron público ayer un comunicado en el que denuncian la «usurpación de funciones», respaldan a la presidenta y advierten de que la infracción es «muy grave». Su protesta llega tras el documento de la secretaría de organización que alimenta las sospechas sobre Jiménez, omite que el expediente en su contra se origina en un pleno sin visos de legalidad y sitúa a la cúpula como observadora neutral.
¿Cuál es la maniobra para tener una Comisión de Garantías domesticada? Se retira, en los nuevos estatutos, el derecho a voto de los miembros suplentes (hay 5 titulares y 5 suplentes, aunque ahora hay un miembro dimitido). De los titulares, tres son afines al pablismo. El contrapeso de los suplentes, independientes, queda eliminado.
La maniobra contraviene la costumbre, no fue aprobada en Vistalegre 2 y es contraria a la decisión de la propia comisión de Garantías Estatal, cuando en su reunión constitutiva, el 17 de febrero, los titulares decidieron (3 a favor y 2 en contra) que los suplentes pudiesen seguir votando. Este diario ha tenido acceso a las actas oficiales que lo muestran.
En esa votación, la secretaria técnica, Rosario Rodero, apoyó también que todos los miembros mantuviesen su derecho de voto. Sin embargo, cambia de opinión en el pleno de la Comisión de Garantías del 26 de julio. Reclama que se les retire esa potestad y se alinea con Argiro Giraldo e Isabel Serrano, de sintonía pablista.
Arguye Rodero que deben aplicarse los estatutos (que estaban analizando en ese pleno) y anuncia un voto particular. Dos días después, en un nuevo pleno, el órgano emite el dictamen 3/2017 que impugna los estatutos, a pesar de los votos negativos de Rodero, Giraldo y Serrano.
El comunicado de la secretaría de organización asegura que ese pleno «rechazó el pasado 28 de julio una propuesta de la presidencia para que los suplentes pudieran votar igual que los titulares». Este diario ha constatado documentalmente que Jiménez no impulsó esa propuesta y que no se realizó dicha votación.
Los miembros pablistas impulsan entonces el expediente contra la presidenta y la dirección lo autoriza. El 12 de agosto, se autoconvocan a un pleno fantasma a través de un grupo de Telegram que solo incluye a los titulares. En él determinan quién será el instructor de la causa y nombran a Giraldo sucesor de la expedientada.
