Tras la tregua por los atentados de Barcelona y Cambrils, el independentismo pone toda la carne en el asador a un mes del referéndum del 1-O. Se ha impuesto la tesis de Esquerra Republicana y la CUP frente a las voces del PDECat más prudentes, y antes del referéndum se aprobará la ley que regula de facto la independencia de Cataluña para que, si gana el referéndum, las leyes catalanas serían las únicas a tener en cuenta. Si ganara el no, la ley no entraría en vigor.

Es un triunfo pues de quienes quieren dejar claro que, como afirma en privado un miembro del Govern, "esto va en serio". O como ha explicado en rueda de prensa el 'cupaire' Benet Salellas, tras el referéndum y la eventual victoria del sí "no se producirá el enésimo debate procesista sobre qué hacer", es decir, que no se podrá especular ni marear la perdiz respecto al período de transición hacia el Estado propio. No, en los 89 artículos de la ley, Junts pel Sí y la CUP trazan las lineas maestras de lo que podría denominarse una preconstitución. No entran en detalle en algunos aspectos e incluyen lagunas importantes como el papel del ejército o la deuda de la Generalitat, pero sí regulan por ejemplo que el jefe del Estado dejará de ser el rey Felipe VI, sino que será el 'president' o que Cataluña se constituye en una "república de Derecho, democrática y social" y que "mientras no sea aprobda la Constitución de la República, la presente ley es la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán".

Sin pisar charchos

Sin dar casi tiempo a digerir la semana y media posterior a los atentados, el independentismo saca así del armario su secreto mejor guardado. Y lo hace evitando pisar charcos, e incluso apelando en más de una ocasión a una (improbable) negociación con el Estado para tirar adelante algunos de los pilares del edificio del nuevo Estado catalán. Un escenario, el de la negociación, que hoy parece ciencia-ficción dado que el Gobierno del PP ya ha advertido que, del mismo modo que pasará con la ley del referéndum cuando sea aprobada, la de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (ese es su nombre completo) nunca tendrá efectos sobre el terreno porque será anulada.

No se pisan charcos respecto a la oficialidad del castellano junto al catalán, que seguirá vigente a la espera de lo que decidan los que redacten la Constitución catalana. Tampoco hay grandes saltos respecto a la legalidad española en cuanto a la obtención de la nacionalidad catalana y queda claro que en todo caso no se perderá la nacionalidad española. Además, todo lo que la ley no regule, seguirá como hasta ahora, es decir, cuestiones como el derecho local o normas europeas o españolas que no sean específicamente impugnadas (cosa que puede suceder, en el caso español, si decretos del Govern anulan normas como la ley mordaza o la ley Wert).

En cambio, algunos aspectos de la estructura de la Cataluña (casi) independiente sí que quedan establecidos con nitidez. Por ejemplo, se crea un Tribunal Supremo catalán (el actual TSJC) que incluye el poder judicial propio formado sólo por jueces y una sla de garantías, el equivalente al Tribunal Constitucional español, que deja de tener poder sobre Cataluña. También se regula la creación de una fiscalía no dependiente del Govern sino del Parlament y la supresión de la jurisdicción militar y de la actual Audiencia Nacional. Y en terreno jurídico-político, se prevé una amnistia para los procesados o sentenciados por causas que tengan que ver con el independentismo.

La Constitución, participativa

La parte final de la ley también tiene en buena medida el sello de la CUP, que siempre ha presionado en favor de definir la participación ciudadana en el proceso constituyente. Así, los últimos artículos regulan los seis meses que durará el período de confección de la Carta Magna catalana y la votación en referéndum tras las elecciones constituyentes, con especial participación de la sociedad civil y expertos. Una cuestión, la de la redacción de la Constitución, que ya se debatió en la comisión de estudio del proceso constituyente, cuyas conclusiones ya fueron impugnadas por el Constitucional y que ahora reaparecen en esta ley, fijando la participación ciudadana en foros de debate sobre el texto constitucional.

Lo que sigue guardado en un cajón es cómo piensa el independentismo tirar adelante estas normativas que todavía no son realidad, más allá de estar ya en el registro del Parlament. Está guardado porque forma parte del juego del gato y el ratón que practican los gobiernos estatal y catalán a poco más de un mes de la consulta del 1-O. En todo caso, el soberanismo pone ya todas las cartas sobre la mesa.