La fiscala anticorrupción Concepción Sabadell expuso ayer su informe final sobre el caso Gürtel, en el que afirma que la trama liderada por Francisco Correa se enriqueció a través de sobornos y comisiones a cargos públicos del PP y además sirvió para financiar a este partido.

La Audiencia Nacional inició ayer la fase de informes finales del juicio de la primera época (1999-2005), comenzando por la fiscala, que mantuvo que hay pruebas para condenar a los 37 acusados, entre ellos el extesorero del PP Luis Bárcenas, para quien solicita 39 años de cárcel.

Sabadell recordó que el propio Correa, para quien pide 125 años de prisión como máxima pena, «involuntariamente» habló del «sistema» para referirse a su intermediación entre cargos públicos y empresas y asegurar la adjudicación de contratos a cambio de comisiones del 3 o 4%. «Fue un modo de vida duradero de esta organización constituida para delinquir», concluyó. También subrayó que los acusados crearon «un entramado societario y usaron «una caja B, una tesorería oculta, que se nutría de ingresos de las sociedades del grupo de Correa y de comisiones ilegales y que generaba dinero negro opaco a Hacienda para sobornos a autoridades públicas, en dinero en metálico o en forma de viajes pagados».

ARCAS PÚBLICAS ESQUILMADAS / De esta forma, «esquilmaron arcas públicas» con un sistema de corrupción presente sobre todo en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Majadahonda. En total, la trama consiguió contratos públicos por ocho millones de euros, por los que se pagaron más de un millón de euros en comisiones.

Para el ministerio público, Majadahonda «es un claro ejemplo de cómo una organización parasita un ayuntamiento» para beneficio de sus integrantes y para «financiar y ahorrarle costes al Partido Popular». Allí, los implicados -entre ellos el exalcalde Guillermo Ortega, para quien pide 50 años de prisión- «usaron el consistorio para su puro enriquecimiento personal y decidían qué se contrataba, a quién y por qué precios».

Sobre Pozuelo de Alarcón, Concepción Sabadell relató que el exconcejal Roberto Fernández -para quien pide once meses- «dijo cómo se contrataba en este ayuntamiento cuando era alcalde Jesús Sepúlveda, quien seleccionaba las empresas adjudicatarias para adecuar luego los trámites a las mismas». La fiscala reclama para Sepúlveda 15 años de prisión y también solicita para su exesposa, la exministra de Sanidad Ana Mato, un total de 28.468 euros como partícipe a título lucrativo.

Del mismo modo, exige al propio Partido Popular el pago de otros 328.440 euros por el mismo tipo de responsabilidad civil.

«Francisco Correa era el jefe, Pablo Crespo -para quien la fiscalía solicita 85 años de prisión-, su mano derecha y José Luis Izquierdo el gestor de la caja B», indicó Sabadell a la hora de describir este entramado societario.

ALEGATO POR CORREA / La representanta del ministerio público calificó de «relevante» la declaración que prestó Correa: aunque no propone circunstancias atenuantes, sí entiende que debe ser valorada por el tribunal a la hora de individualizar la pena.

También se opuso a las alegaciones de nulidad de pruebas presentadas por las defensas y calificó de «inaceptable» que algunos abogados hayan dicho que la fiscalía había subcontratado a los peritos judiciales y que hayan hablado de manipulación. «Esperamos que no se repita, pues el tribunal deberá valorar la responsabilidades que se deriven, ya que no todo vale en el derecho de defensa», terminó.