La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dejado este viernes en libertad sin fianza al exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, que ha comparecido por tercera vez ante la magistrada para ser interrogado en relación con la ampliación de su imputación como presunto responsable de "un plan premeditado" para favorecer la votación del 1-O, según informaron fuentes jurídicas.

Lamela ha desoído la petición fiscal de fianza de 50.000 euros porque pese a la ampliación con un segundo delito de sedición (el primero era por las protestas del 21 y 21 en la Conselleria d'Economia y el último por el 1-O), así como la posibilidad de que se le impute también por organización criminal, Trapero ha comparecido en la Audiencia. La magistrada apunta a que la solicitud del ministerio público "podía ser intuida" por el imputado al haber medios que apuntaron incluso a que se pediría prisión para él.

La jueza ha señalado asimismo que los hechos no son nuevos y que el que fue 'major' de los Mossos ya fue interrogado por el 1-O en su primera comparecencia en la Audiencia. Además, la investigación se encuentra bastante avanzada y las diligencias en marcha "no pueden verse comprometidas" por su acción, porque ya no ostenta el cargo que tenía ni posición de mando en el cuerpo que le haga destruir pruebas. El pasado 16 de octubre el ministerio público tampoco tuvo éxito en su petición. Entonces solicitó el ingreso de Trapero en prisión incondicional.

REUNIONES CON PUIGDEMONT

El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira ha pedido la fianza de 50.000 euros ante "la agravación de la situación procesal [del exjefe de los Mossos], una vez que se le imputa un segundo delito de sedición". Durante su tercera declaración se han conocido detalles importantes que anteriormente ocultó, como reuniones previas con el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el 'conseller' de Interior y otros mandos policiales, sobre el referéndum" del 1-O, que la fiscalía sostiene "no llevó a cabo ningún intento de impedir su celebración".

La magistrada mantiene así para Trapero las comparecencias quincenales en el juzgado, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y fijación de domicilio y teléfono, que ya le impuso en octubre. Entonces para la intendente Teresa Laplana el ministerio público solicitó una fianza de 40.000 euros que la jueza tampoco entendió necesaria

En esta ocasión, la tercera que Trapero tiene que venir a la Audiencia, el mayor de los Mossos acudió de paisano y no hizo el paseíllo de las inmediaciones de la Audiencia Nacional escoltados por los comisarios de los Mossos Ferran López y Juan Carlos Molinero, aunque esté le acompanó hasta la próxima calle Génova. López también vino a la Audiencia pero a declarar como testigo ante la magistrada.

El motivo de esta citación es tomarle declaración en relación con el 1-O, ya que hasta ahora la causa la investigación se circunscribía a las protestas del 20 y 21 de septiembre en Barcelona frente a la sede de la Consejería de Economía durante los arrestos y registros de la operación Anubis.

Entre una y otra citación, la magistrada ha tomado declaración al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, lo que le permitió conclui que la actuación de los Mossos ese día y el 1-O "fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia" y por eso "la policía autonómica también fue utilizada para controlar las acciones" de las otras policías.

"PLAN PREMEDITADO"

Con esa finalidad, se diseñó un "plan premeditado", "que procedía de la cúpula policial de Mossos d'Esquadra, cúpula comandada por Josep Lluis Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico", al que aludía el documento Enfocats.

Dos días después de que Lamela notificara este auto, la Fiscalía pedía ampliar la investigación a la cúpula de los Mossos para imputar también al entonces superior de Trapero, el exdirector de la Policía autonómica Pere Soler; y al exsecretario general de Interior César Puig, segundo del exconseller Joaquim Forn, que se encuentra en prisión junto a Oriol Junqueras y los Jordis.

Según la Fiscalía, mientras Soler y Trapero "se vieron en la obligación de transmitir la sensación" de que acatarían la orden de cerrar los centros de votación, "en realidad no tenían la más mínima intención de hacerlo".

Realmente -añadía el fiscal- actuaron de "correa de transmisión de las instrucciones" de los responsables políticos "ordenando ejecutar o abstenerse de las órdenes judiciales y del cumplimiento de la ley".

DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Además de imputar a Trapero un segundo delito de sedición, la juez ha apuntado también a la posibilidad de investigarle además por un delito de organización criminal, al entender que se trató de "una estrategia perfectamente coordinada, con arreglo a un plan común y con reparto de papeles".

La jueza cree que Trapero se encargó del diseño de "un sistema de comunicación entre los agentes" y "sus mandos superiores que supuso una ralentización de las comunicaciones, lo que produjo, aún más si cabe, una ineficacia en la actuación", por lo que ha reclamado a los Mossos que identifiquen a las personas y los medios empleados en ese operativo.