La Guardia Civil ha concluido uno de los informes clave para discernir cuál fue el papel de los Mossos en torno al 1-O y del proceso independentista: el que analiza los mails enviados y recibidos desde el verano hasta que fue destituido por quien fue su jefe, Josep Lluís Trapero. Dicho informe, al que ha tenido acceso este diario, fue entregado hace unos días a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que previamente había autorizado el volcado de los correos. Incluye documentos de distinta índole que aparecían adjuntos en los mencionados mails, también actas y dosieres internos de los Servicios de Información de los Mossos que, a juicio del instituto armado, sirven para constatar que los responsables de la policía autonómica permitieron el referéndum, pese a haber podido evitarlo y saber que había sido declarado ilegal por el Constitucional.
Según el relato de la policía judicial elaborado sobre el contenido de los mails y los citados documentos, se diseñó una estrategia operativa, el Plan Ágora, orientado únicamente a cubrir apariencias ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), fiscalía y Ministerio de Interior, puesto que los propios análisis internos de la Prefectura de Mossos -conocido ahora con la incautación de los correos- señalaban que solo con 40.000 efectivos (cifra muy superior a la plantilla total de la policía catalana, cercana a los 17.000 agentes) se podía impedir realmente un referéndum como el del 1-O. Pese a esta advertencia se mantuvo vivo el Plan Ágora, que enviaba a un par de agentes por colegio, y no se solicitó apoyo en virtud de este cálculo propio de los Mossos.
Una de las conclusiones del nuevo informe de la Guardia Civil es que Trapero, arropado por la Prefectura y asesorado por el servicio jurídico del cuerpo autonómico, «pretendió construir» un relato basado en que hubo en la jornada de la consulta actuación policial y se defendió el orden público y la convivencia para poder justificar así la actitud «pasiva, no colaboradora y de permisividad» de los Mossos ante la comisión de un hecho ilícito que debían impedir. Y, por ende, tratar de evitar posibles responsabilidades penales.
LA IMAGEN DEL CUERPO
Una de las novedades que aportan estas diligencias judiciales son, sin duda, los dosieres del área de análisis de la Comisaría General de Información de los Mossos (CGINF) antes y después del 1-O. Dichos informes han pasado ahora a manos de la jueza Lamela por ir anexos a los mails que enviaba o recibía Trapero y que, al menos según la Guardia Civil, no consta que se pusieran a disposición de los tribunales o fiscalía de forma voluntaria, pero sí de los superiores jerárquicos y políticos del mayor. También el exconsejero Joaquim Forn, que se encuentra actualmente en prisión.
En uno de esos informes internos, añadido a un correo recibido por Trapero entre otros el 23 de septiembre, se estudian las movilizaciones que convocadas por la ANC y Ómnium Cultural se habían producido delante del TSJC y la Ciudad de la Justicia el día 22. Pero lo más chocante para los investigadores es que ahí se admite que el área de Información de los Mossos tuvo constancia de que esa misma tarde «se podría producir» una actuación de agentes de la Guardia Civil en la sede de la Asamblea Nacional (ligada a la ola de registros y detenciones que entonces se lanzó desde el juzgado 13 barcelonés) y que «fuentes abiertas» les afirmaban que miembros de la ANC «estarían retirando material relacionado con el referéndum». En esas fechas la policía autonómica ya tenía orden de la Fiscalía que advertía que cualquier movimiento relacionado con el 1-O debía ser impedido y notificado. Según la Guardia Civil, no hay prueba de que tomaran ningún tipo de iniciativa en ese sentido. Tampoco lo comunicaron a otros cuerpos policiales.
La Guardia Civil recalca en su informe para Lamela que 48 horas después de esa cascada de mails con la información oficiosa, se presenta en la sede de Ómnium la plataforma Escoles Obertes, movimiento que planteaba ocupar con antelación a la consulta los colegios para evitar su desalojo. En este contexto los investigadores señalan a Trapero como uno de los facilitadores de que los responsables del procés tuvieran «ojos y oídos» en los órganos que el Estado constituyó para frenar la consulta ilegal.
