LA MEMORIA HISTÓRICA
La Iglesia no pone trabas a la exhumación del dictador Franco
Carmen Calvo traslada a la Santa Sede que quiere que los delitos de pederastia no prescriban. Gobierno y Vaticano buscan una «solución» para que no vaya a la catedral de la Almudena

La Iglesia no pone trabas a la exhumación del dictador Franco
JUAN RUIZ SIERRA
El Gobierno celebró ayer su primera reunión con las altas instancias de la Santa Sede. La cita fue provechosa para el Ejecutivo, que debe abordar con el Vaticano asuntos tan complejos como el régimen fiscal de la Iglesia, los numerosos inmuebles registrados por los obispos de forma irregular, los abusos sexuales del clero y el destino del cadáver de Francisco Franco una vez sea exhumado del Valle de los Caídos, en principio antes de que acabe el año. La Moncloa teme que los familiares del dictador logren que sus restos sean trasladados a la catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid, convirtiendo en «un fracaso», según fuentes socialistas, una de las iniciativas más simbólicas aprobadas por Pedro Sánchez. Pero la vicepresidenta, Carmen Calvo, logró un importante avance en su encuentro con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin.
«El cardenal Parolin ha garantizado a la vicepresidenta del Gobierno español que no va a oponerse a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Respecto a la inhumación, ambos han coincidido en la necesidad de buscar una solución y seguir manteniendo el diálogo», señaló en un comunicado el Ejecutivo, que también trasladó al Vaticano durante la cita su ya anunciada iniciativa para que los delitos de pederastia no prescriban.
CAMBIO DE ACTITUD
Desde que comenzó el proceso, la Moncloa ha aplaudido el papel de la Iglesia en la exhumación de Franco. Los obispos no pusieron trabas a la salida de los restos del dictador, pero después, cuando los nietos anunciaron que pensaban volver a enterrarlos en la Almudena, donde son propietarios de una cripta, señalaron que no podían hacer nada para impedirlo. Por eso el anuncio de ayer es tan relevante. Implica un cambio de actitud. La necesidad de «buscar una solución» podría concretarse en una mediación del clero con la familia de Franco, muy crítica con el traslado del cadáver.
La Almudena no se encuentra apartada, a 50 kilómetros de Madrid, como el Valle de los Caídos. El templo se ubica junto al Palacio Real, a solo 900 metros de la Puerta del Sol, y podría convertirse en un lugar de peregrinación para los admiradores del dictador, provocando problemas de seguridad. La posibilidad pone los pelos de punta a los miembros del Gobierno, que desde el principio han señalado que carecen de margen de maniobra para evitarlo, pero también han defendido que la Iglesia no se sentiría cómoda al ver cómo la catedral se convierte en un imán para los franquistas.
JUNTO A CARMEN POLO
Los socialistas, que han llevado esta negociación con sumo sigilo, consideran que ahora se ha abierto una puerta para que el dictador sea llevado a un enclave más discreto, como el cementerio de Mingorrubio, en el Pardo, donde yace su esposa, Carmen Polo. «No nos gusta que se pueda producir esa inhumación en la Almudena. Es una buena noticia que se pueda buscar una solución dialogada», dijo la portavoz del comité electoral del PSOE, Esther Peña.
Precisamente el domingo, diferentes colectivos de Memoria Histórica, integrados por organizaciones y partidos de izquierda, presentaron un manifiesto contra la intención de la familia Franco de trasladar sus restos a la Almudena y reclamaron que el Estado garantice que el dictador sea enterrado «fuera de Madrid», para que no suponga reconocimiento ni privilegio alguno «preservando así la dignidad de las personas que fueron ejecutadas, torturadas o exiliadas».
Los otros asuntos que Calvo y Parolin trataron fueron el régimen fiscal de la Iglesia (que no paga el IBI), los bienes a su nombre de forma irregular (como la mezquita de Córdoba) y la pederastia, después de que el episcopado pusiera al frente de la comisión que estudiará estos delitos al obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, que ocultó casos conocidos. La vicepresidenta aprovechó para informar a la Santa Sede de su proyecto, que está siendo estudiado por un grupo de expertos, para que estas conductas no prescriban.
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