El Tribunal Superior de Justícia de Baleares acordó ayer la apertura de juicio oral contra el juez Miguel Florit por varios presuntos delitos cometidos al ordenar la requisa de móviles de periodistas y el control de sus comunicaciones en el marco del 'caso Cursach', la trama de corrupción en torno al magnate de la noche balear del mismo nombre.
La magistrada Felisa Vidal imputa a Florit los supuestos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional periodístico y contra la intimidad. El auto no puede recurrirse y significa que Florit será juzgado por esos presuntos delitos, de los que se declara inocente.
La resolución impone al magistrado (con el Estado, como posible responsable civil subsidiario), una fianza de 60.106 euros, que deberá depositar en un plazo de cinco días. También se emplaza a la Abogacía del Estado a que se persone en la causa como responsable civil. El escrito de acusación cita los autos dictados por Florit, que, entre septiembre y diciembre del 2016, ordenó fiscalizar las llamadas telefónicas de tres periodistas, de Diario de Mallorca, Europa Press y Efe, solicitó un control de la geolocalización de sus teléfonos móviles y, por último, dispuso la requisa de sus teléfonos y de otros dispositivos electrónicos de trabajo para su análisis, así como el registro de las redacciones.
Conciencia de la injusticia
Los referidos autos fueron dictados por el acusado Florit con plena conciencia de que los mismos eran manifiestamente injustos y vulneraban el derecho al secreto profesional periodístico, el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la inviolabilidad de domicilio, sostiene el escrito.
Para la acusación, los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación judicial (por el que se reclaman 20 años de inhabilitación y una multa de 28.800 euros); dos contra la inviolabilidad de domicilio (por los que se solicitan 12 años de inhabilitación y dos multas de 14.400 euros); un delito contra el ejercicio del derecho a la información (por el que se solicitan 4 años de inhabilitación especial); y un delito de interceptación ilegal de las comunicaciones (para el que se pide una condena de 6 años de inhabilitación especial).
El juez, que se halla de baja, investigaba un presunto delito de revelación de información reservada y secreta del caso Cursach y ordenó en tres autos, el 11 de diciembre del 2018, cribar los listados de llamadas de los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou, de Diario de Mallorca y Europa Press. Después, dictó otro auto en que dispuso la requisa y análisis de los móviles de ambos redactores y de otros dispositivos electrónicos de trabajo.
Querellas de los medios
En los autos, el juez encausado apenas contempló la posibilidad de que sus órdenes vulneraran el derecho a la información al hacer aflorar las fuentes de los periodistas. Las resoluciones contaron con el apoyo del fiscal anticorrupción Juan Carrau. La investigación al juez Florit partió de las querellas presentadas por Diario de Mallorca y Europa Press, a los que después se unieron como acusaciones Efe y la Asociación de Medios de Información (AMI).
