La recusación de un magistrado y el covid retrasan los recursos contra la sentencia del 'procés'

El año 2020 no está siendo fácil para nadie y el Tribunal Constitucional no iba a ser una excepción. La pandemia, los amagos de renovación y, sobre todo, la recusación de uno de los dos magistrados que coordinaban los recursos presentados por los condenados por el 'procés' contra la sentencia del Supremo retrasarán su resolución al menos dos o tres meses, según confirman fuentes del alto tribunal a este diario.

El cálculo inicial hecho en el tribunal de garantías era que los recursos que se prevén más sencillos, los de los condenados únicamente por desobediencia, Meritxell Borràs y Carles Mundó, se resolvieran este otoño, justo antes de la Navidad, y los del resto, con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, a la cabeza, a la vuelta, en el primer trimestre del año. Ahora con el nuevo calendario y el retraso calculado de dos o tres meses, aquellos no se resolverán, en el mejor de los casos, hasta después del parón navideño.

Golpe de Estado

Los más complicados son los de los condenados por sedición en concurso con malversación de caudales puede que no estén listos hasta mediados de 2021. La razón fundamental es la tramitación de las recusaciones presentadas contra el magistrado Antonio Narváez por los condenados, pero también por el huido Carles Puigdemont, que pese a estar en rebeldía ha ido impugnando las resoluciones del Supremo que le afectaban.

El motivo para tratar de apartar a Narváez de la resolución de los recursos es una conferencia que impartió en Granada en la que se mostró crítico con el proceso independentista catalán y manifestó que era más grave que el golpe de Estado del 23-F. A diferencia de otros intentos de apartar a magistrados, rechazados de plano, en esta ocasión el Constitucional tramitará los incidentes, lo que requerirá unos dos o tres meses antes de poder dictar una resolución.

Se da la circunstancia de que Narváez, de profesión fiscal, coordinaba junto con Cándido Conde-Pumpido, magistrado del Supremo y exfiscal general del Estado, las propuestas de resolución de los recursos del 'procés' junto con media docena de letrados, comisionados para ello.

Ninguno de los dos forma parte del tercio de magistrados con el mandato caducado que están pendientes de renovación. Se trata del presidente, Juan José González Rivas, la vicepresidenta, Encarnación Roca, y el magistrado Andrés Ollero. Fernando Valdés también formaba parte de este tercio, pero dimitió al estar pendiente de juicio por violencia de género. El verano pasado cuando parecía que la renovación sería inminente se relajó el ritmo de tramitación de algunas cuestiones pendientes en el alto tribunal.