Doce años después de que estallara el escándalo y con centenares de años de condena a sus espaldas el número dos de Francisco Correa en la trama 'Gürtel', Pablo Crespo, ha decidido sumarse a lo ya hecho por varios de sus compañeros habituales de banquillo y admitir los hechos que le atribuye el fiscal en una de las dos últimas piezas de la principal causa de corrupción que afecta al PP que aún queda por juzgar: la relativa a la contratación de la red de Correa por el Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte.

Primero fue el propio Correa en el juicio de la primera época de la Gürtel quien admitió intermediar con el extesorero del PP Luis Bárcenas y su antecesor en el cargo, el fallecido Álvaro Lapuerta, a favor de empresarios para que resultaran adjudicatarios de contratos de los ministerios de Fomento y Medio Ambiente durante el Gobierno de José María Aznar. Su declaración permitió reabrir la parte de la causa b que aún sigue en instrucción. Se trata de las donaciones concretas de empresarios con los que habría nutrido la caja b del partido, que se declaró acreditada en el otro juicio, el de la primera época.

A sus palabras se sumó la confesión del exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa en el juicio sobre la financiación ilegal del partido en esa comunidad autónoma, y unos días antes de que comenzara el juicio de la caja b, el propio Bárcenas con un escrito ante la fiscalía Anticorrupción en el que anunciaba su intención de colaborar con la justicia.

Nuevos escritos

Ahora Crespo, según los escritos presentados en la Audiencia Nacional a los que ha tenido acceso este diario, opta por asumir todos los hechos contenidos en el escrito de acusación contra él por la Fiscalía Anticorrupción en la pieza de Boadilla del Monte y por autorizar la repatriación de los más de cinco millones de euros que tiene en Suiza, para cubrir la responsabilidad civil a la que puede ser condenado.

Entre los hechos que asume figura para la adjudicación del parque del Deporte y la Salud de dicha localidad madrileña la Constructora Hispánica "abonó una comisión de entre el 3% y el 4% del precio de adjudicación", por lo que él mismo cobró 120.000 euros. La adjudicación fue controlada por Correa el exalcalde de la localidad Arturo González Panero, 'el Albondiguilla', y Tomás Martín Morales, al frente entonces de la Empresa Municipal de la Vivienda.