El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebra este miércoles un pleno extraordinario para estudiar si, como piden ocho vocales, se plantea un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional después de que el Congreso aprobara la reforma legal que le prohíbe hacer nombramientos en funciones. Los ocho vocales que solicitaron este pleno, integrantes del denominado sector conservador, consideran que el Congreso invadió las competencias del Poder Judicial y apuestan por plantear un conflicto entre órganos constitucionales para defender la independencia judicial.
El mandato del actual CGPJ caducó hace ya casi dos años y cinco meses y el PSOE y Unidas Podemos impulsaron en el Congreso la citada reforma legal para recortar sus competencias mientras siga en funciones y presionar al PP a negociar la renovación. Por el momento la estrategia no ha funcionado y están vacantes, sine die, tres decenas de plazas judiciales.
El pleno extraordinario, convocado para las 19 horas, muestra la fractura del órgano de gobierno de los jueces, formado por veinte vocales y encabezado por el magistrado Carlos Lesmes. Los ocho vocales que defienden presentar un conflicto de competencias proponen también pedir al Defensor del Pueblo que recurra la reforma legal ante el Tribunal Constitucional.
En la reunión de esta tarde se estudiará además si se plantea la cuestión a la Comisión Europea, al responder a las preguntas que, como cada año, esta institución ha enviado al CGPJ para analizar el Estado de derecho. La semana pasada la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, avanzó que, en principio, recortar las competencias del CPGJ mientras esté en funciones entra dentro del Estado de derecho. Fue muy crítica, sin embargo, con la reforma también registrada por el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso que rebajaba las mayorías exigidas para renovar el CGPJ y que podría haber dejado al PP fuera de las negociaciones.
Tras los primeros recelos de Bruselas el Gobierno había dejado congelados esos cambios, pero la semana pasada el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció la retirada definitiva de la proposición de ley tras reunirse con Jourová.
