El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha suspendido sin fecha el juicio con el que a partir del próximo lunes se disponía a determinar si los mossos d'Esquadra que, aprovechando sus días libres, acompañaban al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en el momento su arresto en Alemania, el 25 de marzo de 2018, cometieron o no un delito de encubrimiento. El juez José Manuel Clemente Fernández-Prieto se ha visto obligado a aplazar la vista oral por la enfermedad de un familiar de uno de los abogados de la defensa, informaron fuentes de la Audiencia Nacional.

En el juicio, que estaba previsto que se celebrará entre el lunes y el jueves de la próxima semana, el teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, solicitará para cada uno de ellos tres años de cárcel y otros tantos de inhabilitación.

El ministerio público argumenta que tanto Carlos de Pedro como Xavier Goicoechea, mossos d'Esquadra desde 2004 y 2007, respectivamente, cometieron un delito de encubrimiento porque ambos eran "conscientes" de que se había ordenado el arresto del 'expresident' para que respondiera ante el Tribunal Supremo por un delito de rebelión.

El fiscal argumenta que, pese a conocer que se le buscaba, en vez de detenerlo, la "intención" de los mossos acusados fue ayudarle "a regresar a Bélgica y evitar su identificación donde pudieran ejecutar la orden europea de detención" dictada por el juez Pablo Llarena, instructor de la causa del 'procés' que acabó con la condena de 12 líderes independentistas.

Ayudar a un huido

En su breve escrito, el fiscal explica que, como tenían días libres, los dos mossos fueron a la localidad belga de Waterloo, donde Puigdemont había fijado su residencia. Cuando Llarena dictó una nueva orden europea de detención contra él, "una persona no identificada" les pidió que fuesen a buscarlo a Estocolmo y lo trasladasen a Bruselas. 

El 'expresident' había ido a Helsinki a dar una conferencia y ese mismo día abandonó la ciudad. A su paso por Alemania fue arrestado y se procedió a la identificación de las personas que viajaban con él. Además de los acusados, también iban con el 'expresident', el historiador Josep Lluís Alay y el empresario Josep Maria Matamala. Como ninguno tiene la condición de funcionario, su conducta no conlleva una responsabilidad penal para el ministerio público, por lo que comparecerán como testigos.