El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha abierto un nuevo juicio oral contra Rodrigo RatoEl que fuera vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y presidente de Caja Madrid y Bankia se sentará en el banquillo acusado de 11 delitos contra la Hacienda Pública entre 2005 y 2015así como de un delito de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares, en la causa en la que se investiga desde 2015 su patrimonio y finanzas personales, que gestionaba a través de empresas y cuentas en paraísos fiscales.

El magistrado ha reclamado a Rato que deposite una fianza de 65,13 millones de euros en el plazo de un día para hacer frente a las posibles consecuencias económicas de ser declarado culpable. De no hacerlo, "se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada". Junto al exvicepresidente, se sentarán en el banquillo otras 15 personas físicas y tres jurídicas (Publicis Comunicación, Zenith Media y Plazas Abogados), a las que se han impuesto fianzas que en conjunto superan los 144 millones de euros.

El juez entiende, en cambio, que no ha lugar a juzgar a Rato por la supuesta comisión de los delitos de falsedad continuada e insolvencia punible, como también pretendía la Fiscalía, para evitar la "indefensión material de los acusados" ya que "en momento alguno han sido instruidas las actuaciones ni dirigido el procedimiento contra los referidos acusados por tales infracciones". El magistrado concluyó el pasado marzo la instrucción de una de las partes del caso que provocó la famosa imagen del exvicepresidente del Gobierno detenido e introducido en un coche por la Policía mientras se registraban sus oficinas en 2015.

Petición fiscal

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado 70 años de prisión para Rato: 53 años por los delitos fiscales; seis años por blanqueo de capitales, que entiende que cometió hasta al acogerse a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro; cuatro años por insolvencia punible, que se le atribuye por la venta de acciones de una sociedad dos días antes y el mismo día en que se registraron sus propiedades; cuatro años por corrupción en los negocios, que le atribuye por las comisiones (835.059 euros) que cobró por los contratos de publicidad firmados con Publicis y Zenith por la salida a Bolsa de Bankia; y otros tres más por falsedad documental para encubrir los hechos.

La petición por los delitos por los que el magistrado plantea juzgarles suma 63 años de prisión. Anticorrupción, asimismo, pide que Rato indemnice a Hacienda por las cantidades defraudadas, que la fiscalía cifra en un total de 8.586.121 euros desde 2005 a 2015. Según el Ministerio Público, entre esos años sus incrementos patrimoniales no justificados ascendieron a 15.633.056 euros.

El escrito de acusación especificó que desde 1999 Rato ha mantenido "un patrimonio oculto a la Hacienda española, a través de diversas sociedades" en Irlanda, Panamá y el Reino Unido. Con esas firmas, "habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido y Mónaco, entre otros lugares (también Kuwait, Curaçao y Estados Unidos), en una operativa desconocida por la Hacienda Pública y que habrían constituido hechos imponibles desde el año 2005 hasta el año 2015".

Problemas con la justicia

Rato acumula una larga trayectoria de problemas con la justicia en los últimos años. En 2017 fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida por el caso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid y Bankia, lo que le llevó a prisión entre octubre de 2018 y octubre de 2020. El pasado septiembre, en cambio, fue absuelto por la salida a bolsa de Bankia en 2011.

Sin embargo, tiene pendiente otro juicio relativo a sus finanzas personales, además del que este miércoles se le ha abierto: en mayo de 2020, el mismo juzgado abrió juicio oral contra el expolítico y exbanquero y otras once personas por los contratos de publicidad encargados por Bankia y Caja Madrid a las firmas Publicis y Zenith en el 2011 y el 2012. El juez instructor estima que la trama maniobró para firmar de forma irregular a estas dos empresas a cambio de una comisión de 2,022 millones de euros (835.024 euros para Rato). El fiscal le pide cuatro años de cárcel y una multa de 2,5 millones.