Apenas un día después de que la Abogacía del Estado entregara su escrito de calificación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procedido a abrir juicio oral contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, sus 7 hijos y otras 11 personas, en concreto, la exesposa de su primogénito, Mercé Gironés, y 10 empresarios, entre los que están Luis Delso, Carlos Sumarroca o Carlos Vilarrubí, por delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, 7 delitos contra la Hacienda Pública y delito de frustración de la ejecución.
En su auto de apertura de juicio oral el juez requiere a Jordi Pujol Ferrusola para que en el plazo de 10 días deposite 7 millones y medio de euros y a Mercé Gironés, 400.000 euros para cubrir las posibles responsabilidades civiles a las que pueden ser condenados por los delitos contra la Hacienda Pública por los que están acusados, en el juicio que celebrará la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La Abogacía del Estado calculaba un fraude del primogénito a las arcas públicos de 7,7 millones de euros.
El magistrado, no obstante, no considera necesario modificar la situación de libertad en la que se encuentran ninguno de los acusados para asegurar su presencia en las sesiones de juicio oral con una situación distinta a la que han mantenido durante el proceso, más allá de dejar constancia del domicilio en España y la obligación de comparecer a cuantos llamamientos judiciales sean precisos.
Un mes para las defensas
El auto concede un plazo de un mes a los abogados de los acusados para que presenten sus escritos de defensa e incluye los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, así como da cuenta de la presentación de los realizados por la acusación popular que ejerce Podemos y Grand Tibidabo, en los que se indican los delitos y las penas de prisión solicitadas para los acusados.
Entre las diferencias entre los escritos de unos y otros destaca que la fiscalía acuse a toda la familia Pujol, incluido el expresidente catalán, para el que pide 9 años de prisión, y la Abogacía del Estado solo a Jordi y Josep Pujol Ferrusola, así como Mercé Gironés. La acusación que ejerce la formación morada también acusaba a seis empresarios que han quedado fuera del auto de apertura de juicio oral, al no estar incluidos en los escritos del ministerio público y de los Servicios Jurídicos del Estado.
Investigación concluida
El anterior instructor del caso, el juez José de la Mata, dio por concluida su instrucción hace justo un año. En su resolución, proponía juzgar a los miembros de la familia Pujol por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló "un patrimonio desmedido" directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.
En este procedimiento también se ha investigado a empresarios que presuntamente realizaron pagos millonarios a la familia, según explicaba De la Mata en su auto, disimulados bajo estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales. Todos esos contratos simulados encontraban su contraprestación en el ejercicio de concretas influencias por parte de la familia Pujol Ferrusola en adjudicaciones de contratos públicos.
