El Gobierno no deja de mandar recados al independentismo una vez cruzado el Rubicón de los indultos. Está dispuesto a reiniciar el diálogo con el Govern, pero también le advierte de que ha de llevar a debate propuestas que sean "viables" y "dejar atrás" las que no conducirán más que a un callejón sin salida, como la exigencia de referéndum de autodeterminación y amnistía.
El Consejo de Ministros extraordinario de este jueves, el que aprobó dos importantes reales decretos leyes —el fin del uso obligatorio de las mascarillas en el exterior y la rebaja de los impuestos en la factura de la luz—, se celebró aún en medio de la resaca de la aprobación, hace dos días, de la medida de gracia y de la fortísima carga emocional que arrastró la inmediata liberación de los nueve presos del procés. El soberanismo mantiene intactas sus proclamas, aunque por el momento no ha lanzado señales de que pretenda volver a la vía unilateral.
Por lo pronto, ya está fijada la reunión entre los dos presidentes, Pedro Sánchez y Pere Aragonès, para el próximo 29 de junio, a las 17 horas, en la Moncloa —y unos días más tarde, el 9 de julio, el jefe del Ejecutivo recibirá a la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que tomó posesión del cargo el pasado sábado—. Pero, a partir de ahí, el calendario entra en zona de penumbra. Porque el Gobierno, como ya informó este diario, no quiere correr para la convocatoria de la mesa de diálogo con la Generalitat. Prefiere que se produzca una cierta desinflamación, que los indultos se digieran, y a la vuelta del verano retomar las conversaciones. Todo dependerá, no obstante, de la cita de Sánchez y Aragonès. Pero este jueves la ministra portavoz, María Jesús Montero, confirmó que es complicado que el foro entre ejecutivos pueda celebrarse el mes próximo. "No puedo confirmar si la reunión se producirá antes o después del verano, pero es evidente que conforme el calendario se acelera, es más difícil encontrar los huecos. Habrá que hablar con el Govern para ver si les puede cuadrar la convocatoria de la mesa antes o después de agosto", si bien la "disponibilidad" de Sánchez va siendo menor.
La titular de Hacienda reiteró que los contenidos que llevará el Gobierno a esa cita son conocidos: será la 'Agenda del reencuentro' que el presidente ofreció a Quim Torra en febrero de 2020. Sobre las propuestas que lleven ERC y Junts, socios del Govern, "habrá que preguntarles a ellos", aunque es fácil "suponer", que insistirán en la amnistía y el referéndum, exigencias que, repitió, jamás el Gobierno aceptará porque quedan fuera del marco constitucional. Entonces Montero enlazó con el aviso: "La mesa de diálogo tiene que superar, y cuanto antes la dejemos atrás mejor, esa fase de desiderátum, de posiciones extremas, para avanzar en cuestiones que puedan ser viables" y que ayuden a "profundizar en el autogobierno".
Los "límites", la Constitución y la ley
La portavoz ya lanzó una primera advertencia el martes, que continuó Sánchez este miércoles en el pleno en el Congreso, y que se apuntaló este jueves. En definitiva, el Ejecutivo no quiere que la segunda cita de la mesa vuelva a reproducir las consignas del pasado, que el independentismo mantiene, porque entonces el camino será estéril. Aunque también entiende que el soberanismo debe hacer su viaje de regreso, bajar de la montaña, y Aragonès, apuntan fuentes del Gobierno, no lo tiene sencillo con un Junts dentro de su Consell Executiu más subido al monte, y con la CUP presionando desde fuera.
Para el Gobierno, la imagen de las salidas de la cárcel de los presos del 1-O, con la reafirmación de sus posiciones, era esperable. La retórica soberanista, señalan en el Ejecutivo, tenía que exacerbarse en un momento de enorme carga simbólica y emocional. Las manifestaciones de los condenados vino "rodeada", de manera "intensa", dijo Montero, de la "simbología independentista". "Era obvio. Es la expresión normalizada de unas personas que se sienten en esa situación y han cumplido penas de casi cuatro años. Era de esperar porque estas personas estaban en prisión por la defensa de unas ideas, y hay que reiterarlo una y otra vez. Son presos que quebrantaron la legalidad y que cumplían condena" por ello, recordó, subrayando que la Constitución española no es militante.
La portavoz señaló que el Ejecutivo espera que la situación "se reconduzca", por el cauce del "diálogo y la convivencia, intentando poner encima de la mesa propuestas que realmente mejoren la vida de los ciudadanos y no sean solamente cuestión de titulares, sino que permitan aterrizar en cosas concretas". Montero subrayó que todo el mundo sabe cuáles son los "límites" del Gobierno —la Constitución y la ley—, y su voluntad de diálogo es "firme".
Este jueves también quedó marcado por los recursos que presentaron Vox y Cs ante el Supremo contra los indultos, y los naranjas incluso pidieron la suspensión cautelar de la medida de gracia para que los excarcelados vuelvan a prisión. Montero señaló que el Gobierno está "tranquilo", porque Justicia ha trabajado de forma "concienzuda", preparando durante días los expedientes. "Es la primera vez que un indulto se motiva", arguyó, y el Ejecutivo incluso ha ido más allá de la legalidad, ya que la modificación que en 1988 se hizo de la ley eximió al Consejo de Ministros de aprobar un real decreto "motivado".
La portavoz sí arremetió contra la derecha por querer judicializar una decisión que es política y que es una "prerrogativa" exclusiva del Gobierno. "No podemos permanentemente trasladar cuestiones políticas a los tribunales y que deben ser de la vida cotidiana", mantuvo. "Hay formaciones que han gobernado —añadió, refiriéndose al PP—, que siempre recurren a la judicialización cuando no están en condiciones de ganar los debates políticos".
