El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha insistido este viernes ante el juez que investiga la Operación Kitchen en que se mensajeó con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre el presunto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, implicando también a otros miembros de su Ejecutivo, como María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz y Soraya Sáenz de Santamaría, de la que ha dicho que tenía copia de la documentación intervenida a Bárcenas.

Villarejo ha ratificado de esta forma gran parte de lo ya declarado ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados y en un escrito enviado al magistrado Manuel García-Castellón esta misma semana, donde avanzaba el relato que le haría sobre el operativo parapolicial que se habría montado en 2013 desde el Ministerio de Interior para espiar a Bárcenas y su entorno con el objetivo de sustraer la información comprometedora que pudieran tener del PP y sus dirigentes.

El policía ha reiterado que comenzó a trabajar para la Kitchen porque así se lo pidieron desde el Ministerio de Interior, apuntando esta vez a toda al cadena de mando: Fernández Díaz; el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó; y la Dirección Adjunta Operativa (DAO).

Y con un encargo concreto, que hiciera labores de inteligencia sobre Bárcenas y su entorno, las cuales se llegaron a extender a una casa de la madre del ex tesorero, para localizar el material que guardaba y que podía comprometer al PP o al Estado. Para ello, ha indicado -confirmando sus manifestaciones anteriores- que convenció al chofer de la familia Bárcenas para que les espiara.

Ha incidido en que, en un momento dado, le facilitaron números de teléfono del propio Rajoy que usó para comunicarse con él mediante mensajes. Este contacto directo, ha explicado, se debe a que el presidente del Gobierno no se fiaría de la información que se le transmitía desde el Ministerio de Interior sobre la Kitchen y quería otro canal de comunicación.

Contactos habituales con el Gobierno

De acuerdo con su versión, Rajoy no era la única persona a la que reportaba. Ha dicho que hablaba también con algún enlace que le enviaba la entonces vicepresidenta del Gobierno. Le consta -ha aseverado- que Sáenz de Santamaría tenía copia de los papeles sustraídos del estudio de restauración de arte que la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, tenía en la madrileña calle de General Díaz-Porlier, una operación cuya existencia ha respaldado.

Otro de sus principales contactos, ha añadido, era la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa. Al igual que hicieran ella y su marido, Ignacio López del Hierro, en sus comparecencias judiciales, Villarejo ha contado que el esposo les presentó y que se reunió con Cospedal en la sede de Génova, a donde accedía por el garaje tras ser recogido en coche oficial en las inmediaciones, así como en el Ministerio de Defensa y en restaurantes de Marbella.

Sobre Cospedal, ha especificado que le presentaron como un antiguo agente que conocía a todo el mundo, pero que nunca hubo un encargo concreto y nunca le pagaron nada. A veces Cospedal salía del despacho -no ha concretado cuál- y comentaba con Rajoy, ha ilutrado. Otras, transmitía a Villarejo que el presidente del Gobierno estaba muy preocupado. Cree que, cuando departía con ella, lo hacía más como Gobierno que como PP. Era información judicializada, ha afirmado.

Villarejo ha apostillado que también informaba de alguna cosa a la sede del PP, sin detallar a quién o quiénes, y que en todo caso transmitía a Fernández Díaz, a quien ha atribuido un papel esencial en el desarrollo de la Kitchen, si bien sospecha que la iniciativa de montar el operativo no fue suya, sino que lo habría consensuado con Rajoy o la vicepresidenta. Asimismo, ha sostenido que hablaba con el secretario de Estado y el DAO.

El juez suspende la declaración como imputado de Sánchez Galán

El titular del juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha suspendido la declaración como imputado del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por trabajos encargados al excomisario José Manuel Villarejo.

En una providencia fechada hoy al que ha tenido acceso Efe, el magistrado da por recibido un escrito de Iberdrola e insta a la Fiscalía y al resto de las partes a que, en el plazo de cinco días, "informen sobre la nulidad" dado que está pendiente de resolver la situación procesal de la eléctrica.

Una vez resuelta la nulidad interesada, añade el juez, "se procederá, en su caso, a un nuevo señalamiento", en la causa que trata de esclarecer si la eléctrica contrató los servicios de Villarejo para espiar, entre otros, al presidente de ACS, Florentino Pérez.

Iberdrola no figura como imputada en la causa, pero tampoco está personada como acusación, por lo que no están al tanto de las resoluciones judiciales y se encuentran en una situación de indefensión, lamenta la compañía en su último escrito al juez.

La representación legal de la eléctrica se refiere a la querella que presentó en enero de 2020 contra su ex responsable de Control Corporativo José Antonio del Olmo, por presuntamente falsear un documento que habría elaborado él mismo para advertir de pagos a una empresa "que podría ser Cenyt", del excomisario Villarejo.

Ésta recayó en un juzgado de Bilbao -donde la multinacional tiene su sede social-, cuya titular se inhibió en favor de la Audiencia Nacional al considerar que existía conexión con la investigación que dirige el juez García Castellón.

El magistrado acumuló entonces las diligencias al caso; sin embargo, a la compañía le "sorprende" que, habiendo transcurrido casi un año, Iberdrola "todavía desconozca cuál ha sido su devenir" o si se ha practicado alguna prueba al respecto.

La empresa reprocha que no se le haya notificado "ninguna de las resoluciones" adoptadas en referencia a esos hechos, y defiende que la indefensión causada "es notoria" ya que se le ha revocado la condición de acusación particular.

Por ello, solicita la nulidad de todas las decisiones acordadas entre el pasado 27 de mayo y el 25 de junio, y que la causa se retrotraiga a ese momento, a fin de poder ejercitar su derecho de defensa.