Pedro Sánchez no cierra la puerta a un eventual recurso contra el fondo creado por la Generalitat para cubrir las fianzas de los cargos señalados por el Tribunal de Cuentas. Si no está "sujeto a derecho", el Ejecutivo lo impugnará. Y si en cambio cumple con la ley, "nada que objetar".

El presidente del Gobierno respondió a la creación del fondo desde Tallin, la capital de Estonia, donde arrancó este martes la gira por los países bálticos que concluirá el jueves tras visitar también Letonia y Lituania. Sánchez compareció en una breve rueda de prensa tras mantener un encuentro en Stenbock House, la sede del Ejecutivo estonio, con la primera ministra, Kaja Kallas. El Govern creó este martes, por decreto ley, un fondo con una dotación inicial de 10 millones de euros al que podrían acogerse los 34 ex altos cargos de la Generalitat a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones de euros por haber promocionado el 'procés' en el exterior haciendo un supuesto uso indebido de dinero público.

Sánchez fue muy escueto cuando los periodistas le preguntaron. Apenas se limitó a una frase, aunque servía como suficiente advertencia al independentismo. "Siempre hemos defendido que todo lo que sea aprobado por los gobiernos autonómicos tiene que estar sujeto a Derecho. Vamos a estudiar la decisión aprobada por el Govern y a partir de ahí, evidentemente, si está sujeto a Derecho, nada que objetar, y si no está sujeto a Derecho, tendremos que recurrir", subrayó. La medida anunciada por la Generalitat ya está siendo "objeto de estudio". "Y no puedo decir nada más", concluyó.

El líder socialista fue, desde luego, más allá de lo afirmado por la portavoz del Gabinete, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros que presidió antes de partir hacia Tallin en viaje oficial. La titular de Hacienda comentó que no conocía el acuerdo de la Generalitat porque solo había podido ver titulares de prensa. Y apenas sostuvo que el Ejecutivo no entra a juzgar si el fondo creado por el Govern para pagar multas por el 'procés' es "malversación o menoscabo de fondos públicos, de responsabilidad contable o cualquier otra de las consideraciones que tiene que ver con los fondos públicos". Añadió que el Gobierno vela "por la legalidad existente", lo que significa que "todas las normas son pasadas por ese filtro de legalidad".

La reacción de Sánchez, no obstante, se producía después de que el Gobierno hubiera tenido algo más de tiempo para analizar el decreto de la Generalitat anunciado por Giró. En la misma línea se pronunció el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, poco antes de participar en un curso de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP): no cree que el instrumento creado por el Govern pueda afectar al proceso de diálogo abierto con Cataluña, siempre que sea legal. "Lo que podría ser un problema si eventualmente no se ajusta a la legalidad", admitió, para subrayar que la medida está aún siendo estudiada, informa Europa Press.