El Grupo Parlamentario Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que el Gobierno esté obligado a incluir en la elaboración de todas sus normas el análisis del impacto sobre la familia en la correspondiente Memoria de Análisis de Impacto Normativo, como ocurre con la perspectiva de género o la medioambiental.

Según denuncia Vox, existe una "incoherencia legislativa" pues mientras se examinan las "perspectivas de género y ambientales" en cualquier norma del Gobierno, no ocurre así, según indica VOX, con la perspectiva de familia, que tiene "un tratamiento diferenciado y menos favorable".

La iniciativa de Vox, a la que ha tenido acceso Europa Press, asegura que la institución de la familia "cumple una relevante función social: garantiza la supervivencia demográfica; es el entorno natural de desarrollo afectivo, físico e intelectual de los hijos, y es la primera escuela de aprendizaje de la virtud".

Asimismo, añade que "es el contexto donde se cuida y se protege la vida de los más vulnerables" y "es la fuente de la que procede la mayor aportación, en términos de capital humano, a la sociedad".

Vox recuerda que una de las obligaciones que tiene el órgano que, en cada caso, se encargue de elaborar los anteproyectos de ley y proyectos de reales decretos-leyes, reales decretos legislativos y normas reglamentarias, es la redacción de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, "que juega, así, un papel relevante en el control ex ante del contenido de las normas" de iniciativa gubernamental.

Si bien, precisa que, de la Ley de 2003 de Protección a las Familias Numerosas, "se desprende que únicamente rige la obligación de incluir el impacto sobre la familia en aquellas memorias que acompañen los anteproyectos de ley y los proyectos de reglamentos, no así en los demás supuestos de elaboración de normas provenientes del Gobierno (proyectos de reales decretos-leyes y reales decretos legislativos)".

Para Vox, si lo que se busca es proteger a la familia, "carece de sentido restringir el análisis de impacto en la familia a unas determinadas normas provenientes del Gobierno (leyes y reglamentos), y privar de dicho análisis al resto (reales decretos-leyes y reales decretos legislativos)".

Por todo ello, propone la modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, con el fin de incorporar la obligación de que en la elaboración de toda norma se incluya el análisis del impacto sobre la familia.