Las palabras de Ximo Puig a mediados de julio han tenido un efecto en diferido en la actualidad política veraniega. El‘president de la Comunitat Valenciana afirmó el día 21 que es necesario diseñar un impuesto específico para las rentas altas de Madrid, un asunto que se le planteó este jueves al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que dio a entender que había que estudiar esa propuesta. Sin embargo, según fuentes de Hacienda, se le malinterpretó y lo que Escrivá respaldó es la necesidad de armonizar fiscalmente las políticas de las diferentes comunidades autónomas, para impedir la competencia desleal, algo de lo que el Ejecutivo acusa a la Comunidad de Madrid. La región que preside Isabel Díaz Ayuso ha suprimido prácticamente los impuestos de sucesiones y donaciones y se beneficia, además, según del llamado ‘efecto capitalidad’, por acoger en su territorio a grandes empresas, los empleos mejor retribuidos y el grueso de los funcionarios del Estado.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, salió este viernes a frenar la polémica. "Este Gobierno nunca va a hacer una política que enfrente a los territorios (...) Buscamos siempre el diálogo y el consenso, la capacidad de ponernos de acuerdo entre todos para que no se produzcan ni comparaciones ni agravios. Esa propuesta no está en la agenda del Gobierno ni lo va a estar nunca. El PP permanentemente juega al victimismo y está haciendo ruido y buscando polémicas donde no hay nada", se quejó Montero. Los conservadores habían acusado la víspera a la Moncloa de "madrileñofobia". La ministra añadió también que le parecería "contraproducente" que un Ejecutivo diseñara un impuesto de manera expresa para una comunidad. Puig puede tomar nota de que su idea no ha calado.

La OCDE señaló en mayo que la región madrileña es un “paraíso fiscal” dentro de España

El objetivo de la reforma fiscal que la ministra espera poner en marcha en 2022 y los cambios que se puedan introducir en el modelo de financiación autonómica (caducado desde 2014) sí que perseguirán la armonización fiscal, para “avanzar internamente con la misma filosofía que se está aplicando a nivel internacional y que supone evitar la competencia entre territorios”, señalan fuentes de su departamento. 

En los planes de Hacienda está reducir las diferencias entre los tributos autonómicos (sucesiones, donaciones, impuesto de transmisiones patrimoniales e impuesto de patrimonio), una voluntad que el PSOE lleva años defendiendo aunque todavía no la ha puesto en práctica. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, afirmó en noviembre que había acordado con el Ejecutivo en hacerlo ya y que ese compromiso había facilitado que su grupo republicano diera el apoyo a los Presupuestos de este año. 

La idea de armonizar el mapa tributario escuece al PP y en concreto a Madrid, cuyas presidentas siempre han hecho gala de tener los impuestos más reducidos. Fuentes de la Moncloa señalan que, si la Comunidad lo ha podido hacer en las últimas décadas, en detrimento de otras regiones, es porque se beneficia del llamado ‘efecto capitalidad’. Según datos del Govern valenciano, Madrid acoge 150.574 empleados del sector público estatal, casi un tercio del total, y funciona “como aspiradora de los grandes patrimonios de otras comunidades”. La visión del Ejecutivo central y de los dirigentes socialistas coincide con la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que llegó a decir en mayo que Madrid es un “paraíso fiscal” dentro de España.