Las repatriaciones de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos se mantendrán paralizadas hasta que no exista un pronunciamiento judicial sobre el proceso de retorno que el Gobierno activó el pasado viernes y que sigue centrando la polémica política.

Además, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha requerido este jueves "con carácter urgente" al Ministerio del Interior para que en el plazo de cinco días remita "el expediente acompañado de los informes y datos que estime procedentes" relativos a la repatriación de Ceuta a Marruecos de menores no acompañados. Este plazo empieza a correr desde el momento en el que se notifica, que en este caso, según fuentes consultadas, ha sido este jueves.

En una diligencia de ordenación fechada el 16 de agosto, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala indica que al remitir ese expediente el órgano administrativo -Interior- debe comunicárselo a todos los que aparezcan como interesados en el mismo, "acompañando copia del escrito de interposición y emplazándoles para que puedan comparecer como demandados ante esta Sección en el plazo de cinco días".

Recuerda que, una vez enviado el expediente, tanto el departamento de Fernando Grande-Marlaska "como el resto de los demandados" podrán solicitar la inadmisión del recurso presentado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado y la celebración de la comparecencia.

El tribunal ha solicitado la documentación a Interior en el marco de una pieza separada que ha acordado abrir "sobre la solicitud de la adopción de medidas cautelares" reclamadas por la asociación que interpuso el recurso, que pedía la "suspensión" de ejecución de la instrucción de Interior y de la Delegación del Gobierno en Ceuta "sobre los retornos y deportaciones de menores no acompañados".

Hasta ahora, en el marco del procedimiento, el departamento dirigido por Grande-Marlaska ha aportado documentación a la Audiencia Nacional en virtud de una primera solicitud de la Sala relativa a la medidas cautelarísimas.

Los magistrados reclamaron al Ministerio que remitiera en un plazo de 24 horas el oficio de 10 de agosto por el que la Secretaría de Estado de Seguridad fundamentaba la repatriación de menores en virtud del Acuerdo de 2007 firmado con Rabat.

El correo electrónico de Interior

Interior, que adjuntó copia de todas estos trámites, señaló que el 10 de agosto "se dirigió un escrito rogando se procediera a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos". "Todo ello con el fin último de garantizar en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela", añadió.

Entre la documentación aportada, facilitó un correo electrónico -al que también ha tenido acceso Europa Press- que fue enviado el mismo 10 de agosto, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, al secretario general de la Delegación del Gobierno en Ceuta, en el que indicaba que se procediera a comenzar la repatriación de menores no acompañados a Marruecos desde ese mismo día. "Dada la importancia del asunto, se insta se proceda a cumplir lo previsto en el escrito desde hoy mismo", dice literalmente el correo.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press han quitado relevancia a la redacción de este correo electrónico de la secretaria particular de la Secretaría de Estado de Seguridad. "Un correo sin firma y sin otra validez que el documento adjunto, en el que se comunica a la Delegación del Gobierno en Ceuta el visto bueno del Ministerio al inicio del proceso de retorno asistido de los menores", apuntan.

La Fiscalía pide mantener paralizadas las devoluciones

Por su parte, la Fiscalía ha pedido a la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta que mantenga paralizadas las repatriaciones desde la ciudad autónoma a Marruecos, tal como acordó el pasado lunes en un auto que tenía como beneficiarios directos a nueve jóvenes, aunque las administraciones acordaron hacer extensiva la medida sobre los 700 que siguen acogidos desde la avalancha de mediados de mayo.

Según han explicado fuentes judiciales a Europa Press, el Ministerio Público entiende que "persisten las mismas circunstancias" que la jueza apreció en su primer auto de medidas cautelares, en el que consideró "acreditada" una vulneración del hecho de que "nuestro ordenamiento jurídico exige para la repatriación de menores extranjeros no acompañados la incoación de un expediente administrativo, en el que debe constar datos tan esenciales como los relativos a la filiación y las circunstancias sociales y familiares de su entorno en el país de origen".