Sobre la muerte de Rosalía F. M., la mujer que fue herida gravemente a martillazos por su marido en Cartagena en julio de 2020 y que finalmente falleció días después, siguen apareciendo sombras un año después. El agresor confeso, Juan M. G., sigue defendiendo que ella falleció debido a que la desconectaron de la máquina que la mantenía con vida en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia días después de la agresión, a petición de sus hermanos, algo que estaría prohibido debido a que el caso estaba judicializado y solo un juez podría haberlo autorizado. La ley señala que, en caso de que se vaya a ‘desconectar’ a un paciente, es necesaria la autorización del juez encargado de instruir el sumario, una vez que compruebe que esta desconexión no obstaculiza la instrucción. Mucho menos cuando la víctima tenía un familiar más directo que hubiese tenido que tomar esa decisión: su propia hija, mayor de edad.
Son algunas de las alegaciones que ha presentado el abogado defensor, José María Caballero, quien asegura que el juez ha hecho caso omiso de ellas, en las que pide que se investigue cuál fue la causa real de la muerte de la mujer de 62 años, ya que la pena de cárcel se rebajaría considerablemente para su cliente en caso de que fuese juzgado por un delito de lesiones graves en lugar de por un homicidio consumado. "Lo que ha matado a esta señora ha sido la desconexión de su soporte vital", asevera tajante el letrado.
Además, "en el último TAC practicado a la mujer se apreció una ligera mejoría. Para poder considerar que se encontraba en una situación vegetativa permanente, la ley señala que deberían pasar 30 días, y ella estuvo 28", sostiene Caballero. "Tampoco consta que los médicos practicasen el encefalograma con resultado plano, demostrativo de inactividad bioeléctrica general", añade.
La defensa sostiene que la mujer contrajo una bacteria hospitalaria que le provocó una insuficiencia respiratoria
El abogado defensor también apunta que la mujer, tras ser intubada en el hospital, contrajo una bacteria hospitalaria que atacaba severamente a los pulmones. "En las causas de la muerte aparecía reflejado que sufrió una insuficiencia respiratoria. Todas esas circunstancias se dan, lo denunciamos en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región, pero no tenemos constancia de que nos hayan contestado". Tras la vistilla en la que las partes se reunieron con el juez para decidir si continuar el proceso con la apertura del juicio oral o bien pedir con la práctica de alguna diligencia para seguir investigando, finalmente el juez decidió tramitar la apertura del juicio oral, que contará con un jurado popular que dictaminará el futuro del acusado.
Caballero indica que ha presentado un escrito diciendo que se habría producido un ‘fallo corto’: "Se ha pronunciado sobre la apertura del juicio oral, pero no ha hecho razonamiento alguno respecto a las alegaciones que hicimos. No tenemos clara la causa de la muerte de esta mujer, por lo que me parece que es lo suficientemente importante para que esto se investigue. Además, la ley dice que, en el caso del fallecimiento en estas circunstancias -por desconexión a un soporte vital-, el certificado de defunción lo deben de firmar tres médicos, algo que tampoco se hizo", concluye el abogado.
