La exministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha declarado hoy en Zaragoza que «todo se hizo conforme a la ley» y «por razones humanitarias», al permitir la entrada en España, sin identificar, del jefe del Frente Polisario, Brahim Gali, en abril pasado. El líder saharahui aterrizó en la Base Aérea de la capital aragonesa pero su destino era un hospital de Logroño en el que fue atendido por graves problemas de salud derivados del coronavirus.
La acusación particular, a cuyas preguntas se ha negado a responder la exministra, mantiene que Ghali entró en España sin que cumpliera las formalidades y trámites de la aduana y sin identificarse, lo que considera ilegal. Por ello, a diferencia del fiscal, que no imputa ningún delito, mantienen que González Laya, así como otros exmiembros de su gabinete, » «pudieron cometer los delitos de prevaricación, falsedad y encubrimiento», un listado al que «es posible que se añada el de malversación de caudales públicos», según reveló ayer el letrado Juan Carlos Navarro, «por los gastos de custodia y de hospitalización».
González Laya ha manifestado que espera que el magistrado instructor, Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción número 7, «llegue a la conclusión» de que obró ateniéndose a la ley. Además, ha explicado que ella había hablado con «transparencia «y mucha tranquilidad», para «aportar todas las explicaciones que puedan ayudar a que el juez» tome una decisión. González Laya había solicitado declarar por videoconferencia pero el juez rechazó su solicitud.
Ley de Secretos Oficiales
En la jornada de hoy también estaba citado en la Ciudad de la Justicia el exsecretario general técnico de Asuntos Exteriores, José María Muriel Palomino, quien tras declarar ante el juez no ha hecho manifestaciones a la prensa.
«La exministra se ha acogido a la Ley de Secretos Oficiales para no responder a nuestras preguntas, así como a un acuerdo aprobado en un Consejo de Ministros del 2010 y a un artículo del Tratado de Schengen», ha indicado Navarro, que ha criticado la «entrada subrepticia» de Ghali y su hijo y la «voluntad de ocultar su presencia en España, pese a que ahora, con la crisis de Afganistán, se está identificando a todos los refugiados que llegan a nuestra país».
González Laya ha precisado que fue Argelia la que pidió que se tratara el asunto con discreción y reconoció que no se identificó a Ghali ni a su hijo, que iba con él. El primero llevaba un pasaporte diplomático argelino, y el segundo español.
La exministra ha indicado, para intentar justificar el secretismo de la entrada del líder del Polisario, que «era un asunto entre Estados, basado en los principios de la confianza y la buena fe». Y ha reconocido que ella estaba informada de quiénes viajaban en el avión de la presidencia argelina que aterrizó el 18 de abril en la Base zaragozana. El destino, con todo, no era la capital aragonesa, sino la de La Rioja, donde había camas libres para pacientes de covid.
Supuesto genocidio prescrito
Ibrahim Ghali tiene abiertas en España varias causas. Una de ellas está relacionada con una acusación de genocidio presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero el juez instructor, Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional ha concluido hoy mismo el sumario de la querella sin procesar al líder del Polisario aduciendo que los hechos, que se produjeron entre 1974 y 1990, ya han prescrito.
Por otro lado, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha asegurado hoy que en abril pasado, cuando era delegada del Gobierno de España en Aragón, no fue informada de la llegada a España del líder del Frente Polisario a través de la Base Aérea de Zaragoza. Alegría, cuya imputación es solicitada por una de las acusaciones, cuando aún estaba al frente de la institución ya comunicó que ni la delegación, ni ella «habían sido informadas» de la cuestión.
Asimismo, está pendiente la declaración de la mano derecha de Carmen Calvo en la Vicepresidencia del Gobierno y actual directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, María Isabel Valldecabres, y de la directora de gabinete del ministro del Interior, Susana Crisóstomo. Ambas están citadas en calidad de testigo el próximo 18 de octubre.
De lo que las tres digan dependerá que Carmen Calvo sea imputada en la causa, tal y como solicitó una de las acusaciones. Así lo señaló el magistrado en un auto que adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.
Todos estos movimientos se producen después de que el zaragozano Camilo Villarino, exjefe de gabinete de Asuntos Exteriores, reconociera ante el juez que tres días antes de la llegada de Brahim Gali, la ex jefa de gabinete de la vicepresidenta, María Isabel Valldecabres, le había comentado la posibilidad de su entrada en España. Él hasta ese momento no sabía nada, si bien posteriormente fue, según su declaración, la propia González-Laya la que le confesó, dos días antes de la llegada de Ghali, que había recibido desde Argelia una petición para atenderlo médicamente porque estaba gravemente enfermo de covid-19. Añadió que "no estaba sola en esa decisión".
