Los herederos del dictador Francisco Franco han solicitado al juzgado la suspensión de la vista prevista para el día 22 para dirimir el futuro de los bienes muebles del pazo de Meirás. Los hermanos Martínez-Bordiu apelan a la falta de tiempo del que disponen sus peritos, que accedieron al pazo el pasado 8 de octubre para inspeccionar los elementos en controversia, y que deben entregar el informe pericial cinco días antes de la vista, es decir, el 15 de octubre.

En un escrito dirigido al juez, los Franco denuncian que sus técnicos solo disponen de cuatro días hábiles para elaborar esta pericial y adjuntan un documento suscrito por los dos peritos, que advierten de que es “absolutamente imposible” redactar el informe en cuatro días “por el elevado número de elementos a analizar y de las cuestiones a abordar”.

Los Franco contraponen el tiempo del que disponen para elaborar esta pericial con el que tuvo la Xunta que, inciden, accedió al pazo el 6 de julio para elaborar el informe que entregó de motu propio en el juzgado para apoyar el incidente del Estado: “Que una de las partes tenga tres meses para la elaboración de un informe pericial de estas características, mientras que otra dispone tan solo de cuatro días al mismo efecto, vulnera el principio de igualdad de armas”, alegan.

Es más que probable que el juzgado acceda a la petición, dado que ya hace unos días ante una queja similar de los hermanos Martínez Bordiu, el magistrado abrió la puerta a aplazar la vista si los peritos constataban finalmente falta de tiempo para elaborar el informe.

El juzgado tiene que pronunciarse aún sobre la solicitud del Concello de Sada del 6 de octubre para acceder al pazo y realizar una pericial de los bienes transmitidos con el inmueble de 1938 y los incorporados posteriormente por el Estado. Sada realizó esta petición para apoyar su incidente, más ambicioso que el del Gobierno, que en este procedimiento solo reclama 133 elementos que consideran inmuebles por destino o incorporación.

Sada va más allá y reclama los que fueron vendidos en el pazo en 1938 y los incorporados durante la dictadura y que quedaron afectos a la Jefatura del Estado. La Abogacía del Estado se adherirá también a esta petición. La Xunta no presentó incidente y se limita a adherirse al del Gobierno, al que instó ahora por carta a reclamar otros 49 bienes, aunque no los incluye en su pericial, que limita a los reivindicados por el Estado.